La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido que el policía municipal investigado por la muerte de un joven de origen magrebí permanecerá en libertad provisional. Este caso, que ha generado gran controversia, se remonta a la noche del 17 de junio, cuando el agente supuestamente asfixió al joven durante un altercado en Torrejón de Ardoz.

Según un auto judicial al que tuvo acceso Europa Press, esta decisión rechaza la apelación presentada por la familia del fallecido. La jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Torrejón había dictado previamente un auto que permitía la libertad del agente y que ahora ha sido reafirmado por la Audiencia.

Además, la jueza ha ordenado que se envíe un oficio al Servicio Madrileño de Salud para que proporcione el historial médico completo del fallecido. También se ha solicitado información a la Comisaría de Torrejón sobre cualquier posible traslado al hospital del joven en ocasiones anteriores.

La autopsia realizada concluyó que el joven murió por asfixia, una forma de muerte conocida como 'anoxia', un hallazgo que fue corroborado por los profesionales médicos que llegaron al lugar para atenderlo.

Los eventos ocurrieron cuando el joven, de aproximadamente 35 años, intentó robarle el teléfono a un policía que estaba de paisano en la calle, junto a un compañero. Este hecho ha sido objeto de un intenso debate sobre la proporcionalidad y las prácticas policiales en situaciones de conflicto.

En su evaluación, la Sala apuntó que los indicios de potencia criminal sugieren un posible homicidio doloso, con penas que podrían alcanzar hasta los quince años de prisión. Sin embargo, se consideró que no eran suficientes para justificar medidas cautelares más severas, como la prisión preventiva.

Los magistrados añadieron que, aunque la gravedad del incidente no se puede subestimar, los antecedentes del investigado no indican una tendencia hacia la violencia, lo que les llevó a concluir que no existe un riesgo de reiteración del delito.

En relación a la preocupación social que ha suscitado este suceso, la Sala reconoció que cualquier muerte violenta genera una profunda alarma en la comunidad. No obstante, enfatizaron que esta preocupación no es suficiente para fundamentar medidas más drásticas contra el imputado en términos legales.