La formación política Más Madrid ha instado a la renuncia de la celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1 en la capital, argumentando que se trata de "una estafa y no es rentable".

MADRID, 9 Oct.

En respuesta a ello, la Comunidad de Madrid ha asegurado que ya se está trabajando y negociando con potenciales patrocinadores y proveedores para garantizar la realización del evento desde 2026 hasta 2035.

Durante la Comisión de Turismo y Deporte, celebrada en la Cámara de Vallecas, el viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martín, ha destacado que Ifema Madrid está cumpliendo con su labor en la organización del Gran Premio y que se están dando los pasos necesarios para convertir a Madrid en un referente internacional en la celebración de este tipo de eventos.

Martín ha enfatizado que se están diseñando el circuito y realizando las obras pertinentes para asegurar el éxito del Gran Premio de Fórmula 1 en la ciudad, lo que generará un impacto positivo en la región y a nivel global.

Según las proyecciones del proyecto, se espera una generación de riqueza de 4.500 millones de euros en el PIB durante los próximos diez años, gracias a la realización del evento deportivo.

Sin embargo, el diputado de Más Madrid ha criticado la gestión del Ejecutivo autonómico, recordando las palabras de Engracia Hidalgo respecto a la falta de interés de empresas en asumir el riesgo financiero del evento.

En este sentido, se ha cuestionado la viabilidad del proyecto si no se consiguen patrocinadores privados y ha alertado sobre la posibilidad de que el rescate de la operación recaiga en lo público, representando un costo millonario para los ciudadanos.

Para Gómez Perpinyà, la insistencia en la organización del evento demuestra una desconexión por parte del Gobierno de la realidad económica y las necesidades prioritarias de la ciudadanía, especialmente en un momento de crisis como el actual.

Finalmente, el diputado ha señalado que la continuidad del Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid representa un despropósito y un desvío de recursos que podrían destinarse a áreas más urgentes como la educación o la sanidad pública.