La Comunidad establece el tamaño mínimo para las VUT y otorga a los ayuntamientos la autoridad para restringir su cantidad.
La Comunidad de Madrid se prepara para reformar las normativas que regulan las viviendas de uso turístico (VUT) en una reunión del Consejo de Gobierno programada para este miércoles. Esta nueva regulación, que se implementará por primera vez, establecerá requisitos concretos sobre el tamaño mínimo de las estancias y otorgará a los municipios el poder de limitar el número de VUT en áreas específicas, así como la necesidad de que estos alojamientos estén equipados con ropa de casa y utensilios de cocina completos.
Fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte han informado a Europa Press que el punto central de esta actualización será la obligación de que las viviendas de uso turístico cuenten con un inventario básico, que incluirá ropa de cama, toallas, vajilla y utensilios de cocina. Esta medida busca mejorar la calidad del servicio que reciben los huéspedes y asegurar un estándar adecuado en el sector.
La norma también definirá el número máximo de personas que pueden alojarse en cada establecimiento y exigirá que cuenten con un certificado de idoneidad. Para los apartamentos turísticos clasificados, se introducirán nuevos requisitos en relación con la iluminación, ventilación y mobiliario, además de garantizar que los dormitorios y salones dispongan de cortinas opacas para regular la luz.
Además, la nueva regulación prohíbe el uso de viviendas de protección pública para actividades turísticas, así como en aquellos edificios donde la comunidad de vecinos lo decida. Esta disposición busca alinear la normativa con las sentencias emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Otro cambio notable incluye la responsabilidad de presentar la declaración necesaria para iniciar la actividad, que recaerá en los proveedores de servicios turísticos y no en los propietarios de las viviendas.
Esta actualización está enmarcada dentro de un plan integral de control y refuerzo de las VUT que se implementará a partir de la segunda mitad de 2024, diseñado para establecer un modelo turístico más regulado, promover la competencia justa y fomentar un turismo de calidad, según las mismas fuentes.
En la actualidad, Madrid cuenta con 15.309 viviendas de uso turístico que ofrecen un total de 50.675 plazas, lo cual representa una disminución del 17,5% en comparación con los datos del 2025. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la presión de las VUT sobre el parque residencial local se sitúa en un 0,52%.
Ante esta situación, la Comunidad de Madrid ha intensificado sus esfuerzos en inspecciones y sanciones, lo que ha llevado a un aumento significativo en el número de bajas de viviendas turísticas: 1.153 se dieron de baja en 2024, contrastando con las 3.053 del año anterior, lo que representa un alarmante incremento del 164,8%. En los primeros meses de 2026, se han registrado otras 341 bajas, según información de la consejería dirigida por Mariano De Paco Serrano.
El número de inspecciones también ha aumentado, pasando de 481 en 2024 a 588 en 2025, lo que equivale a un 22,3% más. De esas inspecciones, el 90% resultó en sanciones en 2024, mientras que en 2025 este porcentaje se mantuvo en un 85,71%, reflejando la rigurosidad del control.
En total, la Administración regional ha impuesto sanciones cercanas al medio millón de euros en los dos últimos años, resultado de las actividades de inspección llevadas a cabo por la Dirección General de Turismo y Hostelería.
Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte, resaltó la importancia de estos datos, que evidencian el compromiso de la Comunidad de Madrid con la legalidad y la protección de los usuarios, así como con un desarrollo ordenado de la actividad turística. También criticó la normativa estatal vigente, sugiriendo que la Ley de Arrendamientos Urbanos abre la puerta a convertir alquileres tradicionales en usos recreativos, lo que provoca un desplazamiento de las VUT hacia el alquiler temporal y distorsiona el mercado. Según De Paco, esto no solo complica las labores de control e inspección, sino que también desvirtúa el propósito del alquiler de temporada, responsabilizando al Gobierno de Pedro Sánchez de transferir esta problemática a las administraciones autonómicas y locales.