**MADRID, 19 de diciembre** - Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, ha hecho un llamado urgente al Gobierno de España para que aclare de manera inmediata la situación de los 106 menores que han solicitado asilo. La funcionaria ha señalado que el Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) situado en Pozuelo de Alarcón carece de la licencia de actividad necesaria para operar correctamente.

Este reclamo se expone en una carta dirigida a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha llegado a los medios a través de Europa Press. La solicitud de Dávila surge tras la decisión del Tribunal Supremo, que respaldó la petición del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de solicitar al Ejecutivo central la garantía de acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional en un plazo de 30 días.

De acuerdo con fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones, el Gobierno central está dispuesto a ofrecer pisos de acogida para niños migrantes que actualmente se encuentran bajo la responsabilidad de los servicios de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, Dávila ha enfatizado en su carta la falta de legitimidad del CREADE, lo que exige una clara definición de los recursos que se implementarán para ofrecer una atención adecuada y conforme a la legalidad.

“Es fundamental que el Gobierno de España aclare de forma inmediata cómo y cuándo cumplirá con lo ordenado por la justicia. Desde la Consejería estamos completamente dispuestos a colaborar con su Ministerio para organizar de manera rápida y segura la atención a estos menores de edad solicitantes de protección internacional”, manifestó Dávila.

El gobierno regional ha indicado que el número de menores implicados asciende a 106, y esta cifra continúa creciendo debido a nuevas solicitudes de asilo en curso. "Es crucial establecer un canal de coordinación directo y permanente entre ambas administraciones para responder de forma ágil y eficiente a las nuevas solicitudes”, subrayó la consejera.

Además, ha instado a que se proporcione información “con la mayor celeridad posible” sobre los recursos específicos y el personal que el Gobierno central planea asignar para la atención de estos menores dentro del Sistema Nacional de Acogida.

“Aunque la responsabilidad de la protección internacional recae en el Gobierno de España, la tutela de estos menores es responsabilidad de la Comunidad de Madrid. Siempre actuaremos con el interés superior de los niños en mente y seremos proactivos para garantizar que las acciones del Gobierno central se realicen en las condiciones adecuadas y en cumplimiento de la legislación vigente”, añadió Dávila.

Por último, la consejera defendió que Madrid enfrenta una "presión asistencial extraordinaria" en relación con la atención a menores extranjeros no acompañados. Por ende, enfatizó que un cumplimiento efectivo y puntual de la resolución del Tribunal Supremo es esencial para salvaguardar los derechos de estos menores y asegurar una distribución de responsabilidades adecuada entre las administraciones involucradas.