La Comunidad de Madrid se compromete a llevar a cabo mejoras en el 90% de sus infraestructuras judiciales en los próximos cuatro años, con una inversión que supera los 830 millones de euros. Esta inversión se destinará a la renovación parcial o total de los edificios, así como a la mejora en eficiencia energética, según ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

Durante un encuentro con los medios de comunicación para hacer balance del primer año de legislatura, García Martín destacó que se han cumplido o están en marcha el 96% de las medidas recogidas en el programa de gobierno en relación a su departamento.

En el ámbito judicial, se han inaugurado nuevos juzgados en Valdemoro y se encuentran avanzadas las obras de los palacios de Justicia de Getafe y Torrejón de Ardoz. En total, se han abierto cinco nuevos juzgados en la región, y se ha adjudicado la construcción del segundo mayor edificio judicial de España en Móstoles, entre otras mejoras.

Además, se ha propuesto la adjudicación para la construcción de la Ciudad de la Justicia de Madrid, un proyecto con un presupuesto de 683 millones de euros. García Martín también destacó la mejora en las condiciones laborales de los trabajadores públicos de la Administración de Justicia y la transformación digital del sistema.

En otro ámbito, la Comunidad de Madrid ha regulado la figura del experto facilitador para apoyar a personas con discapacidad en sedes judiciales. Además, se han realizado avances en la reinserción de menores infractores y en la atención al ciudadano a través de la Oficina Central, que ha ampliado sus servicios y horarios.

En cuanto a la Administración Local, se ha puesto en marcha el programa Pueblos con Vida para revitalizar los municipios de menos de 20.000 habitantes. También se ha destacado la inversión récord de 1.000 millones en el Programa de Inversión Regional y las actuaciones realizadas en los municipios en materia de infraestructuras y servicios.

La actividad parlamentaria ha sido intensa, con la aprobación de 10 nuevas leyes, incluyendo medidas como la deflactación de las tarifas del IRPF en el tramo autonómico, la promoción de vivienda protegida y la economía circular, entre otras.