En Madrid, el 3 de febrero, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha manifestado su firme oposición al nuevo esquema de financiación propuesto por el Gobierno nacional, al que describe como un "atropello" y "ilegítimo". En su intervención en los 'Desayunos Madrid' organizados por Europa Press, Albert ha apuntado que esta propuesta ha sido acordada con fuerzas independentistas, aludiendo específicamente a Junts y sus vínculos con Barcelona y Waterloo.

La consejera, en un tono contundente, ha afirmado: "Es momento de alzar la voz, los independentistas nos están robando a todos los españoles”, subrayando su percepción de que este nuevo modelo de financiación no ofrece verdaderas opciones de aceptación a las comunidades autónomas. Según Albert, esta "voluntariedad" es meramente ilusoria, ya que cualquier cambio en el sistema de financiación obliga, bajo amenaza de consecuencias negativas, a aceptar condiciones que muchos quieren rechazar.

Ante este panorama, ha advertido que Madrid recurrirá la propuesta en los tribunales antes de verse forzada a acatarla obligatoriamente. Albert denunció que el Gobierno de Sánchez ha desestimado tanto a las comunidades como al Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde considera que deberían discutirse estos bonos económicos. Calificó la iniciativa del Ejecutivo central como una "pseudo propuesta" que resulta "injusta e insolidaria".

En una crítica más amplia al Gobierno, Albert subrayó que esta nueva financiación carece de apoyo incluso entre otras regiones gobernadas por el PSOE, al mencionar que tiene rechazo en lugares como Castilla-La Mancha y Asturias. Según su análisis, lo que se presenta es una estrategia para que Sánchez mantenga su poder "a expensas de todos".

Añadiendo sal en la herida, afirmó que la propuesta sólo esconde una cesión de 5.000 millones de euros más a los independentistas, canalizadas a través de estructuras creadas específicamente para su beneficio. Albert también advirtió que si se permite que las comunidades más pudientes dejen de contribuir a la financiación común, se arriesga la estabilidad del sistema, dejando claro que esto no es una cuestión de ideología, sino de cifras y realidades económicas.

La consejera enfatizó que "Madrid es la región más solidaria de España", argumentando que su capacidad de contribuir a la igualdad de servicios públicos es fundamental para que todos los ciudadanos, sin importar su origen, accedan a los mismos estándares de calidad. Por ello, reafirmó su postura decidida contra cualquier intento del Gobierno central de "romper la caja única", acusando de nuevo a las influencias nacionalistas catalanas en la política madrileña.