En una reciente declaración, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha anunciado que se han interpuesto medidas cautelares ante la Audiencia Nacional para proteger la Real Casa de Correos, la sede del Gobierno regional, tras su reciente designación como Lugar de Memoria Democrática.

El consejero expresó en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que esta acción se realiza para salvaguardar tanto el interés de la institución que representa como el de todos los ciudadanos madrileños. "Hemos decidido acudir a la Audiencia Nacional para asegurar que se respeten los valores que esta institución representa", aseveró.

García Martín explicó que el pasado viernes se presentó un recurso contencioso administrativo en contra de lo que calificó como una decisión “sectaria” del Gobierno central, que determinó la inclusión de la Real Casa de Correos en la categoría de Lugar de Memoria Democrática, a pesar de que, según él, el expediente que lo sustentaba ya había caducado.

"Después de más de un año de inactividad del expediente, resultó inapropiado que el gobierno central decidiera actuar en este sentido", añadió el portavoz del Gobierno autonómico, haciendo hincapié en la falta de validez del proceso.

Además, el consejero argumentó que este expediente es "incompatible con la verdadera historia" del icónico edificio, mencionando el respaldo de la Real Academia de la Historia, que asocia la Real Casa de Correos con la Ilustración y otros períodos significativos de su rica trayectoria.

En sus declaraciones, García Martín denunció que vincular la Casa de Correos con una faceta menor de su historia es "un intento sectario de manipular el legado de esta importante institución", subrayando la necesidad de proteger y respetar su patrimonio histórico frente a lo que él considera una tergiversación por parte del Gobierno central.