El pasado 9 de enero, Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, lanzó un llamado urgente al delegado del Gobierno en la capital, Francisco Martín, solicitando una mayor inversión y la ampliación de los recursos de seguridad dirigidos a las víctimas de violencia de género en todos los municipios de la región.

Sus declaraciones se produjeron antes de asistir a una función especial del espectáculo 'Circlassica', destinado a personas con discapacidad intelectual. Este evento se dio en el contexto de una carta emitida por Martín, en la que insta a 34 alcaldes madrileños a incorporarse al Sistema VioGén, una plataforma crucial para la evaluación del riesgo y el seguimiento de casos de violencia de género.

La misiva, dirigida también a Judith Piquet, presidenta de la Federación Madrileña de Municipios y alcaldesa de Alcalá de Henares, exhorta a los líderes locales a "considerar" la posibilidad de unirse a VioGén. Esta herramienta está diseñada para mejorar la protección de las mujeres en riesgo y asegurar un monitoreo efectivo de sus situaciones.

En respuesta, la consejera Dávila no dudó en criticar la falta de acción del Gobierno central. "Es vital que empiecen a trabajar", afirmó, señalando que desde la Comunidad de Madrid han estado solicitando durante varios años un aumento en los dispositivos de seguridad y que hasta la fecha no han recibido respuesta.

Dávila también subrayó la necesidad de aumentar la financiación destinada a las víctimas en Madrid, indicando que actualmente es la comunidad que menos recursos recibe en proporción al número de víctimas. La consejera hizo hincapié en la urgencia de resolver el "escándalo de las pulseras antimaltrato", que aún no tienen una solución clara para las mujeres desprotegidas por las decisiones del Ejecutivo central.

“Madrid cuenta con la red más amplia de atención a las mujeres que sufren violencia, dotada de recursos especializados. Sin embargo, es evidente que el Gobierno de España debe asumir sus responsabilidades, que ha estado eludiendo durante años. Deben resolver la situación respecto a las pulseras antimaltrato, aumentar la seguridad y ajustar la financiación para que Madrid no siga siendo la comunidad perjudicada”, concluyó Dávila, reafirmando su compromiso con la protección de las víctimas en la región.