El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha lanzado una advertencia contundente en relación a la controvertida colocación de una placa en la Real Casa de Correos, que ha sido reconocida como Lugar de Memoria Democrática por su papel durante el régimen franquista. Si surgen complicaciones, el Gobierno está dispuesto a acudir a los tribunales para defender la legalidad de esta acción.

En una reciente edición de los Desayunos Madrid organizados por Europa Press, Martín criticó con dureza a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien acusó de tener una "tendencia" a desobedecer las leyes y de mostrarse "insumisa" con orgullo. Estas palabras revelan la profunda tensión existente entre el Gobierno central y la Comunidad en un asunto que ha generado un intenso debate político.

Martín subrayó que la colocación de la placa es un requisito legal tras el reconocimiento oficial de la memoria de la antigua Dirección General de Seguridad (DGS). "Es un gesto necesario de recuerdo y reparación", enfatizó el delegado, quien aseguró que hay numerosos testimonios de quienes sufrieron en ese lugar que respaldan la importancia de este reconocimiento histórico.

El delegado del Gobierno también planteó una reflexión provocadora: "¿Quién puede ver como una agresión la instalación de una placa en un edificio que ya cuenta con otros tributos a héroes y mártires? ¿No son igualmente dignos de reconocimiento aquellos que padecieron torturas en ese mismo lugar?" Este cuestionamiento busca poner de relieve la necesidad de una memoria colectiva que incluya a todas las víctimas del franquismo.

Martín continuó su intervención recordando la importancia de reflexionar sobre el legado de la dictadura, incitando a los asistentes a participar en el proyecto '50 años de España en Libertad', y sugiriendo que no se puede omitir la relevancia de la muerte del dictador Francisco Franco en la narrativa histórica del país.

Finalmente, el delegado mencionó que varias ubicaciones ya han sido declaradas como Lugares de Memoria Democrática, incluyendo el Panteón de España y la cárcel de Carabanchel, reafirmando así un compromiso con la memoria histórica y la reparación de las violaciones de derechos humanos del pasado. Este tema sigue siendo objeto de deliberación en el seno de la sociedad española, evidenciando las divisiones que aún persisten en la memoria histórica del país.