La fiscal jefe de Madrid, investigada en la querella del novio de Ayuso.

En un nuevo capítulo de la trama que rodea al caso de presunto fraude fiscal atribuido a Alberto González Amador, la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, se enfrentará a un interrogatorio este jueves como parte de la investigación dirigida por el magistrado Francisco Goyena del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La querella presentada por González Amador acusa a Rodríguez Fernández de revelación de secretos de funcionario.

La comparecencia de Rodríguez Fernández, quien lidera la Fiscalía Provincial de Madrid, contará con la presencia del fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto. Este encuentro se centra en la nota publicada por la Fiscalía de Madrid el pasado 14 de marzo, que revelaba correos electrónicos entre el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso y el fiscal relacionados con el caso de González Amador.

Las declaraciones se llevarán a cabo en el contexto de la solicitud del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para que el caso pase a manos del Tribunal Supremo, asumiendo así la responsabilidad por la difusión de la famosa nota de prensa.

Recientemente, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, testificó ante el magistrado alegando haber recibido instrucciones directas de García Ortiz para divulgar la mencionada nota aclaratoria. Lastra señaló que aunque se opuso a hacerlo debido a su deber de confidencialidad, cumplió con el mandato del artículo 25 del Estatuto Fiscal.

Este artículo faculta al Fiscal General del Estado para impartir órdenes a sus subordinados tanto de forma general como en asuntos específicos, como fue el caso de la divulgación de la nota sobre las conversaciones entre el abogado y el fiscal.

El magistrado a cargo de la investigación busca determinar quiénes estuvieron involucrados en la decisión de hacer pública la nota de prensa, así como identificar al mayor responsable de la carrera fiscal que dio el visto bueno a dicha decisión. Para ello, ha solicitado todas las comunicaciones entre el Ministerio Fiscal y el abogado de González Amador antes y después de la publicación del comunicado.

La Sala que admitió la querella especificó que su decisión no implica una imputación anticipada ni una calificación definitiva de los hechos; su objetivo es indagar en los detalles descritos en la querella y determinar si existen indicios de delito. Este proceso es vital para la búsqueda de la verdad y la justicia, como establece el artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, subrayaron.