En Madrid, el 24 de octubre, la Fiscalía ha decidido archivar el caso relacionado con la mascletà que el Ayuntamiento organizó en la explanada de Puente del Rey el pasado 18 de febrero de 2024. La decisión se fundamenta en que, según el informe, la normativa no permite la persecución penal por los diez minutos de estrés acústico que se preveía generar en los animales durante el evento pirotécnico.

Previo a la celebración de la mascletà, la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid presentó una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente, argumentando que la actividad podría constituir un delito de prevaricación ambiental. Su preocupación se centraba en los daños potenciales que el evento podría ocasionar a la fauna local.

Sin embargo, la Fiscalía consideró que no era posible iniciar un proceso judicial debido a la falta de consenso entre la denuncia presentada y la valoración hecha por las autoridades tanto de Madrid como de Valencia, que sostuvieron que la mascletà no era solo un evento cultural, sino que cumplía con los requisitos necesarios para su celebración.

Adicionalmente, el organismo judicial indicó que la investigación no encontró evidencia de que algún animal hubiera sufrido lesiones que demandaran atención veterinaria. Asimismo, no se reportaron impactos significativos en la fauna silvestre que habita tanto en la Casa de Campo como en el Zoo Aquarium y el Centro de Recuperación de Rapaces Nocturnas Brinzal.

El decreto de la Fiscalía subraya el respaldo que recibió el evento por parte de varios informes positivos elaborados por diversas entidades, incluidos el director conservador del Parque Casa del Campo, los servicios de Impacto Ambiental y Evaluación Ambiental del Ayuntamiento de Madrid, así como la Guardia Civil y los bomberos. Todos ellos dieron su visto bueno para que la mascletà se llevara a cabo sin inconvenientes.

La Delegación del Gobierno, informada sobre la realización del evento, no manifestó objeciones. Según la Fiscalía, la documentación existente demuestra que el Ayuntamiento no programó la mascletà de manera arbitraria, sino que actuó en conformidad con los informes técnicos y las autorizaciones necesarias de las distintas unidades administrativas involucradas, incluyendo la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno.