La Fiscalía solicita el cierre del caso contra los fiscales debido a falta de pruebas de revelación de secretos.
En Madrid, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que cierre la investigación contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal Julián Salto, acusados de revelación de secretos por funcionario.
El fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero, ha solicitado el sobreseimiento provisional de las diligencias al considerar que "no existen motivos suficientes de criminalidad" en el caso.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por Alberto González, quien denunció la filtración de una nota que revelaba el intercambio de correos entre su abogado y el fiscal encargado del caso de presunto fraude fiscal relacionado con el novio de Isabel Díaz Ayuso.
El fiscal Montero insta al magistrado Francisco Goyena a cerrar el caso tanto por la filtración de la denuncia como por la divulgación de los correos electrónicos entre el fiscal Julián Salto y la defensa de González entre febrero y marzo de 2024.
En caso de que el instructor considere que aún faltan diligencias por realizar, se solicita que Alberto González y uno de sus abogados declaren como testigos.
El fiscal destaca que se han difundido noticias "alejadas de la realidad" que cuestionaban la profesionalidad y la honorabilidad de algunos miembros de la Fiscalía, por lo que se decidió emitir una nota de prensa para desmentirlas.
Los fiscales acusados niegan haber filtrado información y se argumenta que la comunicación entre el fiscal y el abogado no vulnera el derecho de defensa ni la relación abogado-cliente.
Se mencionan declaraciones del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asumiendo la responsabilidad en la difusión de la información, enfatizando que la nota de prensa se ajustó a derecho y no reveló secretos ya conocidos por los medios.
Los abogados de González Amador y el Colegio de la Abogacía de Madrid han solicitado que el caso se eleve al Tribunal Supremo, argumentando indicios de responsabilidad penal del fiscal general Álvaro García Ortiz.
En las declaraciones de Pilar Rodríguez y Julián Salto, y de la fiscal superior Almudena Lastra, se apunta que la orden de emitir la nota aclaratoria provino directamente del fiscal general del Estado.
Álvaro García Ortiz verbalmente asumió la responsabilidad en un acto oficial y luego lo ratificó por escrito, solicitando que el caso se traslade al Tribunal Supremo. Todo parece indicar que el caso será finalmente visto por la máxima autoridad judicial.