La juez rechaza investigación de nuevos delitos al novio de Ayuso solicitada por PSOE y Más Madrid
La jueza de Instrucción número 19 de Madrid ha denegado las solicitudes realizadas por el PSOE y Más Madrid en relación con las investigaciones sobre Alberto Amador, acusado de defraudación tributaria y falsificación de documentos mercantiles. Esto se desprende de un auto emitido el pasado 31 de julio, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la magistrada rechaza las diligencias pedidas por ambas formaciones políticas.
Las peticiones realizadas por la acusación popular se basaron en un informe de inspección de la Agencia Tributaria que sugiere que los delitos investigados podrían ser más amplios de lo que se sospechaba inicialmente.
En concreto, se solicitó investigar la relación empresarial de Alberto Amador, revisar sus cuentas entre 2019 y 2022, y obtener la escritura de compraventa de sus propiedades entre 2020 y 2024.
Más Madrid apunta a posibles delitos adicionales que requerirían una investigación más exhaustiva, incluyendo la posibilidad de fraude fiscal, falsificación documental y delitos contables. Además, tanto PSOE como Más Madrid plantean la posibilidad de que la pareja de Isabel Díaz Ayuso haya incurrido en administración desleal, falsedad contable, corrupción en negocios y delitos contables.
La jueza argumenta que muchas de las diligencias pedidas podrían no ser necesarias, ya que los implicados podrían reconocer los hechos en el momento de prestar declaración. Además, considera que algunas de las solicitudes son prospectivas y no hay indicios de delitos diferentes a los que se investigan en el procedimiento actual.
En cuanto a posibles hechos conexos, la jueza considera que llevar a cabo las diligencias solicitadas ralentizaría el proceso y dificultaría el enjuiciamiento rápido, como exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La investigación contra Alberto Amador se centra en presuntas irregularidades relacionadas con el Impuesto de Sociedades de los años 2020 y 2021, así como un posible delito de falsedad documental por la presentación de facturas que no corresponden a servicios reales, con el objetivo de reducir la carga tributaria.
Según la jueza, como consecuencia de estas prácticas fraudulentas, se habrían dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal 155.000 euros en 2020 y 195.951 euros en 2021. Estas conductas podrían constituir delitos conforme al Código Penal.