El próximo viernes, la jueza de Instrucción número 7 de Madrid reabrirá el caso contra Marcelino de Andrés, el excapellán del Highlands School de El Encinar, que está en el centro de una grave investigación por presuntos abusos sexuales a alumnas del centro educativo.

De Andrés fue arrestado el 7 de marzo y ahora se encuentra en libertad provisional con restricciones que le prohíben acercarse al colegio y a las menores implicadas. El colegio tomó medidas inmediatas, como su separación de funciones, una vez se conoció la naturaleza de las acusaciones en su contra.

Durante los procesos judiciales, una de las victimas relató que había informado a las profesoras sobre tocamientos inadecuados por parte del sacerdote, pero sus preocupaciones no fueron atendidas adecuadamente por el personal del centro. Este tipo de situaciones resaltan la importancia de escuchar y dar apoyo a las denuncias de los menores.

Las menores y sus familias han reafirmado sus testimonios previos a la Policía Nacional antes del inicio del verano, lo que ha impulsado el avance del caso. El exdirector del colegio, que también estaba vinculado a la congregación de los Legionarios de Cristo, reconoció su error al permitir que el excapellán continuara en su puesto a pesar de las preocupaciones expresadas.

Los presuntos delitos se habrían llevado a cabo en áreas del colegio donde no había vigilancia, lo que añada una capa de preocupación sobre la seguridad en el entorno escolar. Según el sumario, una madre de exalumnos había expresado previamente inquietudes sobre el comportamiento del sacerdote, basándose en su historial con la controvertida fundación de los Legionarios de Cristo.

Desde 1997, Marcial Maciel, fundador de la congregación, ha sido objeto de acusaciones de abusos sexuales, lo que hace que el contexto de este caso sea aún más alarmante. Además, las declaraciones de las niñas mencionan momentos en los que el sacerdote las llevaba a “lugares secretos” y que, presuntamente, realizaba tocamientos inapropiados.

La investigación, que fue iniciada por la Unidad de Familia y Mujer, se llevó a cabo tras una denuncia presentada por el padre de una de las jóvenes, abordando incidentes que supuestamente ocurrieron entre abril de 2024 y marzo de 2025. Este triste episodio pone de relieve la urgencia de garantizar un ambiente seguro para los niños en las instituciones educativas.