Recientemente, se ha revelado que en medio de un escándalo político en España, diversas figuras clave, incluida la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, estaban al tanto de información sensible antes de su divulgación pública. Los implicados en la trama incluyen a Ion Antolín, Francesc Vallés y la directora de comunicación de Vivienda, cuyas conexiones están siendo investigadas por las autoridades.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha determinado que la Casa de Moncloa tuvo acceso a un correo electrónico que involucra a la pareja de Díaz Ayuso. Este correo es parte de la investigación en curso contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Según los informes, el contenido del correo llegó a manos del ex secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, incluso antes de que se hiciera público en los medios de comunicación.

Los agentes han indicado que, entre los que antes conocían el correo se encuentran Lobato, la asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés, la directora de Comunicación de Vivienda, Laura Sánchez Espada, y el actual secretario de Estado de Comunicación, Ion Antolín. Este análisis ha sido parte de un documento entregado a la jueza que investiga la revelación de secretos atribuidos a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.

En un extenso informe de 32 páginas, la UCO revisa la información extraída del teléfono móvil de Lobato, el cual fue entregado de forma voluntaria tras su testimonio como testigo el pasado 29 de noviembre. Se descubrió que el correo en cuestión fue enviado por Sánchez Acera a Lobato el 14 de marzo, justo antes de que se hiciera público.

Los investigadores han encontrado que el contenido completo del correo no había sido publicado en los medios a las 8:29 horas del 14 de marzo, momento en que ya estaba en posesión de Sánchez Acera. Esta situación ha llevado a los agentes a concluir que la revelación de la información no podía haberse originado en los medios de comunicación.

Además, los informes señalan que Sánchez Acera no simplemente envió un enlace a un artículo en línea, sino que le proporcionó a Lobato una captura de pantalla del correo electrónico. Este último incluía información personal que normalmente se omite en las versiones publicadas en prensa, lo que sugiere que Sánchez Acera tenía acceso a información que no estaba destinada a ser divulgada.

La UCO resalta que Sánchez Acera le indicó a Lobato que el correo iba a aparecer en la prensa pronto, lo que implica que tenía conocimiento privilegiado sobre su publicación inminente. En una serie de mensajes intercambiados, Lobato mostró su preocupación por el origen del correo, consciente de que su divulgación podría interpretarse como irregularidad.

En este contexto, el ex líder del PSOE madrileño planteó dudas a Vallés sobre si el correo ya había sido publicado, hecho que quedó evidenciado cuando Vallés, 46 minutos después de que Lobato le consultara, le envió el artículo de El Plural que mencionaba el contenido del correo.

Los mensajes analizados dan a entender que Lobato asumía que Vallés, al conocer del correo, podría ayudarle a identificar su fuente. Esta situación es notable, ya que no había habido interacciones previas registradas relacionadas con dicho correo entre Lobato y Vallés, según el análisis de su móvil.

En otro frente, la UCO también capturó comunicaciones en un chat donde Lobato, junto al director de gabinete del Grupo Parlamentario de la Asamblea de Madrid y la diputada Marta Bernardo Llorente, discutía sobre las instrucciones que había recibido de Sánchez Acera para publicar el correo. Lobato expresó su reticencia, y Del Campo le aconsejó no seguir adelante.

El informe señala que las advertencias sobre el correo no solo venían de Sánchez Acera, quien en un mensaje previo le instó a estar alerta por posibles elevaciones en la situación que concernía a la pareja de la presidenta madrileña, sino que también se reflejan en el tráfico constante de información sobre el tema entre Lobato y Vallés.

Finalmente, a pesar de que el Supremo inicialmente descartó un delito relacionado con la nota de prensa emitida por la Fiscalía, que mencionaba el cruce de correos, la atención se ha centrado en las filtraciones de emails a los medios durante la noche del 13 de marzo. Este aspecto ha suscitado interrogantes sobre la privacidad y la gestión de información sensible en el ámbito político de España.