MADRID, 15 de noviembre. En un avance clave hacia la mejora de la atención a nuestros mayores, las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid contarán con un lapso de dos años para actualizar su personal según los estándares establecidos por el nuevo modelo. Este cambio se formalizará mañana con la publicación de la orden de acreditación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), que establece requisitos más estrictos en cuanto a la calidad del servicio.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, hizo este anuncio durante un desayuno informativo organizado por Executive Forum España. En su intervención, también recordó la situación de quienes fueron afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana, subrayando que la preocupación por el bienestar de todos los ciudadanos es una prioridad constante.

La mencionada orden se aplicará a todos los centros de mayores que busquen acreditarse por primera vez y a aquellos que ya cuentan con este sello, quienes deberán proceder a su renovación ajustándose a los nuevos requerimientos dentro del plazo de dos años. Esta medida representa un paso significativo hacia una atención más humana y digna en el cuidado de nuestros mayores.

El nuevo modelo establece ratios de personal que aseguran una atención adecuada. En residencias de más de 50 plazas, se requerirá un mínimo de 0,45 trabajadores de atención directa por persona dependiente. En aquellas que tengan menos de 50 plazas, la ratio baja a 0,37. Para las personas con discapacidad, el estándar es de al menos 0,50 trabajadores por persona, garantizando así una atención adaptada y de calidad.

Referente a los centros de atención diurna, se ha ordenado que el número de plazas no supere las 50, estableciendo ratios que abogan por una mejor atención. En los espacios dirigidos a mayores, se fija una ratio mínima de 0,23 trabajadores; para los centros de discapacidad, es de 0,25; y para aquellos de carácter ocupacional, el estándar es de 0,13 trabajadores.

Cabe destacar que las residencias públicas de la Comunidad de Madrid ya cumplen con los nuevos requisitos, lo que pone un énfasis especial en la adaptación de los centros concertados y privados, que son quienes más deberán esforzarse por adecuarse a estos estándares mejorados.

Este enfoque en la regulación de residencias marca un distanciamiento de las directrices previamente definidas por el Ministerio de Derechos Sociales bajo la dirección de la exministra Ione Belarra de Unidas Podemos. La consejera Dávila ha presentado una propuesta propia que se distancia de las recomendaciones ministeriales, buscando una adaptación más a las realidades del territorio madrileño.

Con este nuevo modelo, las unidades de convivencia en las residencias se limitarán a un máximo de 25 personas, en comparación con las 15 sugeridas por el Ministerio. También se ha determinado que los nuevos centros no podrán superar las 150 plazas, en lugar de las 120 planteadas por el Gobierno central, y el 50% de las habitaciones deberán ser individuales, en vez del 65% que demandaba el Ministerio.

Además, a principios de octubre, Dávila anunció ambiciosos planes para la construcción de 40 nuevas residencias y centros de día dirigidos a personas mayores y dependientes en el horizonte hasta 2030. Con estos esfuerzos, se pretende alcanzar un total de 2.460 plazas, además de más de 800 en atención diurna en la red pública, todo ello respaldado por una inversión de 500 millones de euros y que generará unos 15.000 puestos de trabajo, evidenciando un compromiso claro hacia el bienestar de nuestros mayores.