Las pequeñas librerías de la Comunidad de Madrid han expresado su preocupación por un posible "desabastecimiento" de libros de texto al inicio del nuevo curso escolar, un efecto colateral de la forma en que se ha implementado el programa Accede, que gestiona el préstamo de material educativo en la región.

En una declaración conjunta, las asociaciones Librerías de Madrid y Pequeños Libreros de Madrid han señalado que el modelo actual favorece la concentración de contratos en grandes empresas, lo que limita las oportunidades para los comercios más pequeños. Según su análisis, el año anterior, más del 60% de los contratos fueron adjudicados a una distribuidora andaluza y a una compañía sin relación directa con el sector del libro.

María José de Acuña, representante de la Asociación de Librerías de Madrid, ha resaltado que "hay un riesgo real de que los niños no puedan acceder a libros de texto al comienzo del curso, lo que generaría dificultades para los centros educativos en la búsqueda de proveedores".

Antes de la introducción del programa Accede hace seis años, las familias recurrían principalmente a librerías de barrio para adquirir sus libros. Sin embargo, actualmente, el protocolo estipula que las instituciones educativas realicen compras centralizadas a través de las empresas ganadoras del concurso, excluyendo así a las librerías locales del proceso.

El cambio más notable entre el acuerdo marco anterior y el actual reside en que, mientras que antes los centros podían elegir a qué librerías o empresas dirigirse para sus necesidades, ahora están obligados a contactar a todas de manera simultánea, como ha explicado Igor Muñiz, miembro de la Asociación de Librerías de Madrid.

Emilio Viciana, consejero de Educación, Ciencia y Universidades, comentó que, si bien el acuerdo tiene una duración de cuatro años y es complicado realizar modificaciones una vez implementado, el gobierno regional ha mantenido diálogo con los libreros, destacando su compromiso para "mejorar el funcionamiento del programa Accede y el diseño de futuros marcos de acuerdo".

A pesar de las protestas que se iniciaron el año pasado con la llegada del nuevo acuerdo marco, De Acuña ha manifestado que las negociaciones con la Consejería han llevado a que se disminuyera la solvencia económica requerida para participar, de 23.000 euros a 10.000. Viciana aseguró que su departamento buscará maneras de apoyar a las librerías, aunque queda por ver el impacto real de estas acciones.

Las librerías indican que el sistema actual delega en los centros educativos la supervisión de los contratos, sin proporcionar los recursos necesarios, lo que limita la capacidad de asegurar que se cumplan adecuadamente. Según ellas, esto crea un entorno de incertidumbre donde las pequeñas librerías pueden verse obligadas a operar sin márgenes de beneficio.

Advierten que si el actual modelo persiste, no solo afectará al comercio local, incrementando el riesgo de cierres, sino que también pondría en jaque el funcionamiento del propio programa Accede. Las librerías recuerdan que, en el pasado, ya enfrentaron situaciones críticas al inicio de curso debido a problemas logísticos.

Frente a este escenario, solicitan la cancelación inmediata del acuerdo marco vigente y la vuelta a un sistema basado en contratos más pequeños como el que se había utilizado anteriormente. Consideran que esto proporcionaría una gestión más efectiva del presupuesto destinado y garantizaría tanto la gratuidad del material educativo como el mantenimiento de la red comercial especializada.

Muñiz comparte la opinión de que el ideal sería implementar un sistema de "cheque libro", parecido al que se aplica en regiones como Andalucía, donde las familias reciben un documento del programa educativo y pueden elegir las librerías que deseen para adquirir sus libros. Posteriormente, las librerías remiten la factura al gobierno regional para su pago.

Si la propuesta del cheque libro no se lleva a cabo, Muñiz sugiere que una alternativa viable sería ajustar las tarifas, ofrecer márgenes comerciales adecuados para los involucrados y permitir que los centros tengan la libertad de elegir a sus proveedores.