En Madrid, el 5 de noviembre, el exlíder del PSOE madrileño, Juan Lobato, y la exsecretaria de política institucional, Pilar Sánchez Acera, comparecieron ante el Tribunal Supremo en un caso que ha captado la atención mediática. Ambos declararon que no recibieron el 'email' controversial que la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, envió al Ministerio Público el 2 de febrero de 2024, en el cual ofrecía reconocer dos delitos fiscales a cambio de un acuerdo.

Esta jornada marcó la tercera sesión del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien se enfrenta a posibles seis años de prisión y doce de inhabilitación por la presunta filtración, el 13 de marzo de 2024, de dicho correo a la Cadena SER.

Durante los interrogatorios, el foco estuvo en un intercambio de mensajes de WhatsApp entre Lobato y Sánchez Acera, ocurrido el 14 de marzo. En este contexto, Sánchez Acera envió a Lobato un 'pantallazo' que contenía información similar a la del 'email', instándolo a utilizarlo en el Pleno de la Asamblea de Madrid contra Díaz Ayuso. Al recibir la imagen, Lobato expresó su inquietud respecto a su procedencia, mencionando que no quería dar la impresión de haberla obtenido directamente de Fiscalía.

Lobato subrayó que su interés en averiguar la procedencia del pantallazo se debió a una actitud cautelosa adquirida a lo largo de sus años en política, apuntando que no tenía sospechas concretas, sino un deseo de prudencia en el manejo de la información. Como experto en Hacienda, destacó que si no podía certificar el origen del dato, sería mejor no emplearlo.

Además, Lobato informó que decidió acudir a un notario para dejar registro de sus comunicaciones del 14 de marzo, tras enterarse del proceso judicial en curso, siguiendo su principio de prudencia.

Ante la pregunta de si la información provenía de la Fiscalía, Lobato fue claro al responder que en absoluto, coincidiendo en este punto con el testimonio de Sánchez Acera. Esta última reiteró que el pantallazo le había sido proporcionado por un medio de comunicación, aunque no pudo recordar cuál ni el nombre del periodista que se lo facilitó, ya que cambió de móvil en septiembre de 2024.

Durante su declaración, Sánchez Acera también reveló que envió la información a Lobato porque consideraba que su posición jerárquica justificaba darle acceso a un tema de relevancia actual. Sin embargo, Lobato enfatizó que ni ella ni el entonces secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, le dieron indicaciones sobre el manejo de esta información.

Es importante señalar que el instructor del caso había afirmado que desde Moncloa se ordenó la filtración de la información relacionada con González Amador, aunque la Sala de Apelación determinó que dicha afirmación no había sido suficientemente probada.

Sánchez Acera dejó claro que nunca recibió el polémico correo del 2 de febrero, limitándose a precisar que el pantallazo carecía de información sobre el remitente, el destinatario y la fecha, y solamente incluía la firma legal del despacho de abogados. Lobato, por su parte, reiteró que buscaba demostrar que existían dos documentos distintos en el caso.

Ambos testigos afirmaron que nunca compartieron el pantallazo con nadie más. Esta tercera sesión del juicio también fue un espacio para escuchar a los periodistas involucrados en la cobertura de la supuesta filtración, todos ellos optaron por no revelar sus fuentes de información.

De acuerdo con la causa, el fiscal general recibió el 'email' en su cuenta personal a las 21:59 horas del 13 de marzo, después de que la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, lo reenviara desde el fiscal Julián Salto, quien lo había recibido a las 21:54.

José Precedo, de 'eldiario.es', compartió que había recibido documentación el 6 de marzo, que incluía el expediente de Hacienda, la denuncia de Fiscalía y el 'email' del 2 de febrero, aunque decidieron no publicarlo de inmediato mientras verificaban la información. También destacó que su fuente le prohibió mostrar el 'email', enfatizando que esto era una medida de precaución ante posibles represalias del jefe de gabinete de Díaz Ayuso.

En cuanto a la relación de Precedo con García Ortiz, fue tajante al afirmar que no había recibido ningún documento de su parte y que, si bien conocía el origen de la información en cuestión, no podía compartirlo debido al secreto profesional. El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, hizo un comentario amigable sobre la incongruencia de su afirmación.

Marcos Pinheiro, otro periodista de 'eldiario.es', corroboró las declaraciones de Precedo sobre la falta de comunicación directa con García Ortiz. Alfonso Pérez Medina, de La Sexta, aportó que a las 21:54 comunicó a su equipo sobre el contenido de los correos, informándose desde tres fuentes distintas. Esteban Urreiztieta, periodista de 'El Mundo', tuvo un papel crucial al publicar sobre el pacto entre la Fiscalía y González Amador a las 21:29 horas del 13 de marzo, aunque no sabía de la existencia del 'email' de febrero en ese momento.

La semana de testimonios se cerró, dejando abiertas varias interrogantes, y el juicio continuará el martes a las 10:00 horas, con la declaración de García Ortiz programada para el 12 de noviembre y los informes finales de defensa y acusación previstos para el día 13.