En un giro notable en la política madrileña, el secretario general del PSOE-M y actual ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha solicitado una aclaración al jefe de Gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, sobre las motivaciones detrás de una aparente filtración engañosa a la prensa. Esta demanda surge tras confirmar que no existen evidencias en contra del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ni del Gobierno, según un informe reciente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

“Es conocido por todos en Madrid y en el resto del país que el novio de Ayuso ha admitido haber cometido un delito, y que, sin embargo, el jefe de su gabinete ha decidido divulgar una falsedad a los medios”, expresó López ante los periodistas, tras un encuentro con las Juventudes Socialistas de Madrid en la sede del PSOE-M. Su declaración resuena con un claro tono de censura hacia las acciones del gabinete de Ayuso.

El informe de la UCO revela que durante los días clave del 8 al 14 de marzo, cruciales para analizar la posible filtración que involucra a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, no se hallaron mensajes en los dispositivos del fiscal general. Sin embargo, se detectó actividad correspondiente en el smartphone de otra de las personas implicadas en el caso, lo que añade complejidad a las circunstancias que rodean esta investigación que actualmente está en manos del Tribunal Supremo.

El análisis realizado por la UCO, elaborado en un informe al que tuvo acceso Europa Press, se basa en el registro de los elementos electrónicos confiscados a García Ortiz el pasado 30 de octubre, que incluyen dos teléfonos móviles, un ordenador y una tableta. Esta evidencia técnica podría tener un impacto significativo en el desenlace del caso y en la reputación de los involucrados.

López ha denunciado que la revelación de la falsedad de la filtración propagada por Rodríguez fue parte de una estrategia más amplia destinada a desacreditar al fiscal general y al Gobierno de España. Este volteo en la narrativa política subraya el ambiente enrarecido que se vive en la Comunidad de Madrid, donde la lucha por la verdad y la transparencia se enfrenta a maniobras deliberadas de desinformación.