En Madrid, el 22 de noviembre, los grupos políticos de la Asamblea de Madrid han fracasado nuevamente en alcanzar un acuerdo para emitir una declaración institucional en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre.

Con esta situación, se completa el quinto año consecutivo sin un texto consensuado, una tendencia que comenzó en 2018. Desde la llegada de Vox al parlamento regional en 2019, los esfuerzos por lograr un pacto en torno a esta fecha han quedado truncos.

Este año, se presentaron tres propuestas de declaración institucional provenientes de Vox, PSOE y Más Madrid, según fuentes de los grupos parlamentarios compartidas con Europa Press.

La propuesta de Vox utiliza la conmemoración del 25N para acusar al PSOE de "promover el borrado de la mujer" y señalar que, según ellos, las "violaciones y agresiones sexuales aumentan cada año" debido a las "políticas de puertas abiertas del bipartidismo". Además, critican el islamismo y alegan que la gestión del PP y PSOE ha convertido a los barrios españoles en "multiculturales", lo que según su opinión ha llevado a una "cárcel de tela". También acusan a los socialistas de "liberar a violadores de las cárceles" y de implementar leyes que fallan en su objetivo.

Para que una declaración institucional pueda ser leída en el Pleno, es necesario el apoyo unánime de todos los partidos, lo cual no sucedió con la propuesta de Vox, que fue criticada por su autor, Pérez Moñino.

Por su parte, Lorena Morales, secretaria de Igualdad del PSOE-M, expresó su descontento al tener que clamar por un consenso en torno a la violencia de género más de 20 años después de la implementación de la Ley de Violencia de Género. Aclaró que su declaración, que tampoco fue aprobada, era el texto que se había acordado previamente entre el PSOE y el PP en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), aunque el PP se retiró del acuerdo.

El 13 de noviembre, se hacía público que el PP había rechazado el texto propuesto por el PSOE, argumentando que no hacía alusión a la "pésima gestión" del Ministerio de Igualdad en relación con el fallo de las pulseras antimaltrato.

La propuesta de Morales instaba a todas las administraciones madrileñas a unirse a programas como ATENPRO y el sistema Viogén, además de reafirmar el compromiso de utilizar todas las herramientas disponibles para combatir la violencia contra las mujeres, permitiendo así que las víctimas puedan vivir en condiciones de igualdad y libertad. También resaltaba la necesidad de renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que fue aprobado el 26 de febrero.

Por último, el PP presentó otra propuesta que subraya que detrás de "cada cifra hay una vida truncada y marcada para siempre", recordando la importancia de mantener la vigilancia en la lucha contra la violencia de género. Además, reivindican la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, integral contra la violencia de la mujer en la Comunidad de Madrid, que celebra su vigésimo aniversario. Dicha ley, considerada pionera y adelantada al Convenio de Estambul, unificó diversas formas de violencia contra la mujer y estableció una red de recursos especializados, resaltando la efectividad de la unidad política y social en este ámbito.