En un contexto de polémicas e investigaciones, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha salido a defender el modelo de colaboración público-privada en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), subrayando su transparencia y garantías. En medio de acusaciones sobre contratos con empresas vinculadas a la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Matute ha enfatizado que el sistema sigue siendo totalmente público, aunque con algunos hospitales de gestión indirecta.

En el centro de todo este debate se encuentran los pagos realizados a empresas como Quirón Prevención, vinculadas a Alberto González, investigado por supuestos delitos de fraude fiscal. El escrutinio de los contratos con el Grupo Quirón por parte del PSOE y Más Madrid, ha puesto en entredicho las relaciones entre la Administración madrileña y estos negocios. A pesar de las acusaciones, desde la Consejería de Sanidad se insiste en que las relaciones contractuales cumplen con criterios legales y objetivos.

En este sentido, se destaca que el gasto del Gobierno en Quirón Prevención se dispara en comparación con otras regiones, llegando a ser 15 veces mayor que el de la Comunidad de Madrid y seis veces más alto que el del conjunto de las demás comunidades autónomas. Desde el Ejecutivo regional se defiende que este aumento se debe al incremento de la demanda asistencial y se recuerda que el peso de los conciertos no ha aumentado en los últimos años ni se espera que lo haga.

En medio de la controversia, Matute hace énfasis en el modelo de colaboración contractual que se realiza con las empresas concesionarias, destacando los rigurosos procesos de auditoría y fiscalización que se llevan a cabo. Con alrededor de 130.000 ingresos atendidos, 135.000 intervenciones quirúrgicas realizadas y más de un millón de consultas externas gestionadas, se busca garantizar que cada euro pagado corresponda a servicios efectivamente realizados, evitando así posibles irregularidades.

La titular de Sanidad destaca también la importancia de avanzar en sistemas informáticos que agilicen las auditorías, con el objetivo de evitar retrasos en los pagos y garantizar una gestión eficiente. En un contexto donde la transparencia y la fiscalización son fundamentales, se busca mantener un equilibrio entre la colaboración público-privada y la responsabilidad en el uso de los recursos públicos, velando por el bienestar de los ciudadanos madrileños.