La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reunirá con los consejeros de vivienda de las comunidades autónomas después de advertirles que no recibirán fondos estatales si no cumplen la Ley de Vivienda

MADRID, 2 Oct.

La Comunidad de Madrid defenderá en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana que no incumple la Ley de Vivienda y rechazará nuevamente el tope de precios, argumentando que este mecanismo tiene efectos contrarios a los deseados.

Fuentes de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras han adelantado que Madrid sostiene que tiene la potestad para aplicar herramientas como la intervención de precios, amparada en la normativa estatal.

El enfrentamiento entre la comunidad y el Gobierno central surge tras las declaraciones de la ministra sobre las regiones "insumisas" con la Ley de Vivienda, a las que amenazó con la suspensión de fondos estatales si no cumplen con la normativa.

Rodríguez recordó que la mayoría de los recursos para políticas de vivienda en las autonomías provienen del Estado, condicionando su financiación al cumplimiento de la Ley.

Este choque de posturas ha llevado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a criticar duramente a la ministra por su posición respecto al tope de precios en viviendas.

En el marco de la reunión, se abordará el nuevo Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2026-2029, que busca aumentar el parque público de vivienda en España y promover la transparencia y participación ciudadana en políticas de vivienda.

El Gobierno también pretende mantener los fondos públicos destinados a vivienda lejos de los fondos buitres, asegurando que se mantendrán como recursos estatales.

La nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven, que otorga ayudas mensuales a menores de 35 años para alquilar vivienda, será otro tema clave en la reunión, con un aumento presupuestario para beneficiar a más jóvenes.

La ministra ha enfatizado la importancia de revisar cómo se gestionan estas ayudas en las autonomías, ya que existen diferencias significativas en la tramitación de los expedientes entre las regiones.