Madrid denuncia favoritismo político en la gestión de la dependencia y exige el pago de 3.000 millones pendientes.

En un reciente debate en el Senado, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha criticado duramente al Gobierno central por su enfoque en la financiación de la dependencia, acusándolo de aplicar criterios "políticos" que perjudican a las personas más vulnerables. Dávila ha exigido nuevamente el pago de 3.000 millones de euros que, según ella, el Gobierno del PSOE debería haber transferido desde que asumió el poder en 2018.

La consejera ha resaltado que cada día, el Gobierno de España limita la atención a la dependencia en Madrid, retirando un millón de euros destinados a este propósito. "Cada 24 horas, perdemos un millón para aquellos que más lo necesitan. Ayer fue un millón, hoy es otro millón y mañana será igual", ha subrayado Dávila, alarmando sobre el impacto de esta situación durante su intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas.

Dávila también ha expuesto que el importe adeudado podría ser utilizado para crear más de 70.000 nuevas plazas residenciales, lo que multiplicaría por tres la actual infraestructura en la región. Además, este capital facilitaría la construcción de 1.200 centros destinados a evaluar la discapacidad, así como garantizar la Atención Temprana no solo en Madrid, sino para todos los niños de Europa durante un año completo.

En un tono crítico, la consejera madrileña ha seguido con su exposición al señalar que, de los 30 días que un dependiente vive, la Comunidad de Madrid financia 27, mientras que el Gobierno central solo cubre 3, a pesar de que la normativa establece que la financiación debe ser equitativa entre el Estado y las comunidades autónomas.

Dávila también ha mencionado que la falta de financiación no es solo un problema aislado de Madrid, sino que afecta a la mayoría de las comunidades. Sin embargo, ha señalado excepciones que, según ella, coinciden con el apoyo que sostiene al presidente Pedro Sánchez en el poder. "En el País Vasco, el Estado asegura ese 50% de financiación", ha enfatizado, insistiendo en que el tema no es social sino estrictamente político.

La consejera no se detuvo ahí y dirigió sus críticas hacia un Gobierno nacional que, mientras se niega a proporcionar recursos a Madrid, destina cerca de 5.000 millones a la Generalitat de Cataluña. "No se trata de un problema técnico; es una cuestión de prioridades", afirmó, señalando que el Ejecutivo tiene la capacidad de mover rápidamente recursos cuando lo considera necesario.

Dávila ha afirmado que "no hay mayor acto de corrupción que abandonar a los más vulnerables" y ha dejado claro que el debate no se centra en territorios, sino en la igualdad entre todos los ciudadanos españoles en lo que respecta a la atención a la dependencia. También recordó su solicitud al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, para discutir esta deuda, a lo que este respondió con ironía.

Finalmente, la consejera concluyó su intervención reiterando que esta etapa de desatención no perdurará. "Pasarán estos tiempos oscuros, pero la historia recordará a quienes no lucharon por sus ciudadanos en los momentos difíciles. No pedimos favores, solo exigimos que el Gobierno de España cumpla con la ley", concluyó, destacando la urgencia de una solución justa para los afectados.