El 29 de octubre de 2023, Madrid se prepara para la implementación de nuevas restricciones de circulación en sus Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026. Esta medida impactará a más de 300.000 vehículos sin etiqueta ambiental que actualmente transitan por la capital, lo que representa el 15% del total de automóviles en la ciudad. Un estudio de la organización Dvuelta estima que las familias, trabajadores autónomos y pequeñas empresas afectadas asumirán un costo que oscila entre 6.000 y 9.000 millones de euros.

Según el mencionado informe, la sustitución de un vehículo que no se ajuste a las nuevas normativas requerirá una inversión de entre 20.000 y 30.000 euros, cifra que se considera conservadora, pero que podría representar una carga económica significativa para muchos. Pedro Javaloyes, portavoz de Dvuelta, critica esta situación afirmando que se está exigiendo a decenas de miles de ciudadanos madrileños un gasto obligatorio que no refleja ni la realidad medioambiental ni la crisis económica actual.

La investigación subraya que los distritos más afectados serán aquellos en las periferias de la ciudad y las zonas con menores ingresos medios. Carabanchel, Villaverde, Usera, Vallecas y Vicálvaro son localidades donde se concentra un elevado número de vehículos antiguos y sin etiqueta. De acuerdo con Dvuelta, en estas áreas, más del 35% de los hogares dependen de vehículos que no podrán circular a partir de enero del próximo año.

Las pequeñas y medianas empresas también están en el punto de mira, ya que deberán afrontar un sobrecosto que podría poner en peligro su continuidad. Javaloyes enfatiza que una furgoneta diésel en buen estado no se vuelve irrelevante solo porque se restrinja su circulación; en cambio, su inutilización obligatoria es un reflejo de una falta de planificación adecuada y de un enfoque regulatorio que no benefician a la población.

Desde Dvuelta también se cuestiona la justificación de la medida bajo el argumento de mejorar la calidad del aire en Madrid. Argumentan que no existe un transporte público accesible para muchos de los trabajadores cuyas labores requieren desplazamientos a zonas industriales o en horarios poco convencionales. A esto se suma la escasez de ayudas suficientes para renovar los vehículos afectados.

Además, el estudio revela que más de la mitad de los 230 millones de euros obtenidos por el Ayuntamiento de multas de tráfico provienen de sanciones relacionadas con las ZBE, lo que Javaloyes califica como un posible interés recaudador que subyace a estas restricciones.

El régimen de las Zonas de Bajas Emisiones ha enfrentado múltiples recursos legales; de hecho, un tribunal de justicia había declarado ilegal la ordenanza que las regula hace un año. Actualmente, el caso está esperando una resolución del Tribunal Supremo, debido al recurso presentado por el gobierno municipal.

Javaloyes considera que es contradictorio que el Ayuntamiento insista en la ejecución de una medida legalmente cuestionada, sugiriendo que la decisión más razonable sería suspender su implementación hasta que se tome una decisión firme al respecto. Esta insistencia, subraya, podría ser vista como un error de cálculo en la esfera política y administrativa.

La solicitud de Dvuelta es clara: piden la suspensión temporal de la normativa hasta que el Tribunal Supremo falle sobre el recurso, al tiempo que reclaman un calendario progresivo que permita a ciudadanos y empresas la planificación adecuada para sustituir sus vehículos de manera gradual, evitando así una exclusión instantánea de un gran número de coches en circulación.

La asociación también insta a la creación de un plan de ayudas directas que beneficie a familias de bajos ingresos, autónomos y pequeñas empresas, además de reconocer la validez de vehículos bien conservados mediante un sistema técnico que determine su nivel de emisiones reales.

Por añadidura, Dvuelta aboga por mejorar el transporte público y las opciones de aparcamiento disuasorio para facilitar el tránsito desde áreas periféricas hacia el centro, así como promover medidas de eficiencia, movilidad compartida y el uso de vehículos eléctricos en contextos comunitarios o empresariales.

Finalmente, la organización exige una mayor transparencia en la información medioambiental, apuntando a la importancia de que los ciudadanos conozcan el impacto real de las políticas adoptadas y puedan evaluar su efectividad.