Madrid recibe a 106 menores migrantes y solicita al Gobierno su apoyo tras fallo del Tribunal Supremo.
El 18 de diciembre, las autoridades de la Comunidad de Madrid informaron que hay 106 menores no acompañados que han solicitado asilo en los centros de la región, solicitando urgentemente al Gobierno de España que asuma su responsabilidad en su tutela y protección. Esta demanda surge tras una reciente sentencia del Tribunal Supremo que establece la necesidad de una actuación inmediata por parte del Ejecutivo central.
Según fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, el Tribunal Supremo ha respaldado la solicitud hecha por el Gobierno regional dirigido por Isabel Díaz Ayuso, que había instado al Gobierno central a garantizar, en un plazo de 30 días, el acceso y la permanencia de estos menores en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional.
En este contexto, la Comunidad de Madrid había interpuesto un recurso contencioso-administrativo tras la negativa del Gobierno español de atender un requerimiento presentado en julio, que pedía la adopción de acciones concretas en favor de estos menores. Esta medida cautelar, ahora respaldada por el Supremo, se considera un avance necesario en la protección de estos niños y adolescentes.
Los responsables regionales han aplaudido esta decisión, evidenciando su preocupación por lo que consideran un abandono por parte del Gobierno central en lo que respecta a la atención de los menores solicitantes de asilo. Aseguran que la falta de una política migratoria clara ha llevado a una situación insostenible, marcada por un reparto desigual entre comunidades autónomas, excluyendo a regiones como Cataluña y el País Vasco de las mismas obligaciones.
De acuerdo a los datos proporcionados, de los 106 menores en cuestión, 87 han solicitado asilo y otros 19 ya cuentan con protección internacional. Las autoridades madrileñas subrayan que, a partir de ahora, es responsabilidad del Gobierno central establecer los recursos necesarios para garantizar su adecuada protección y cuidado. La Consejería, encabezada por Ana Dávila, mantiene que esta es una cuestión urgente que necesita atención inmediata.
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