La crítica de Más Madrid ha puesto de manifiesto una creciente preocupación respecto a la gestión del turismo en la región, resaltando que la reciente inspección del Gobierno autonómico parece evidenciar una falta de interés por el bienestar de los turistas y los vecinos que cohabitan con las viviendas turísticas. La afirmación subraya una sensación de abandono hacia estas comunidades en medio de un crecimiento de la oferta turística.
En el marco de esta creciente controversia, la Comunidad de Madrid ha informado que hasta la fecha se han registrado 819 bajas de viviendas destinadas a turismo este año, como resultado de la implementación de un Plan de Refuerzo del Control sobre dicha actividad. La administración defiende este esfuerzo como crucial para regular el sector, aunque las críticas sostienen que las medidas no son lo suficientemente eficaces.
Durante una reciente reunión en la Comisión de Turismo y Deportes, Laura Martínez, directora general de Turismo y Hostelería, expuso que el número de inspectores dedicados al control de actividades relacionadas con el turismo ha aumentado más del doble, alcanzando un total de 33. Sin embargo, esta expansión del equipo de control genera dudas sobre la capacidad real de supervisión y regulación que tiene este organismo.
La administración regional también ha anunciado la implementación de un sistema que promueve una mejor colaboración e intercambios de información con los diferentes municipios. Este sistema busca actualizar las normativas locales para tener un panorama claro sobre cómo cada uno de los 179 municipios regula las viviendas de uso turístico. Esta medida, aunque necesaria, ha sido objeto de escrutinio por su ejecución y efectividad a la hora de abordar el problema del turismo descontrolado.
Además, se está trabajando en la modificación del decreto que regula los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico en la región, así como en la ley de ordenación del turismo. Según Martínez, estas reformas son esenciales para garantizar la calidad del servicio y resolver diversas interrogantes relacionadas con la gestión municipal y el funcionamiento de las actividades turísticas.
Por su parte, el diputado de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha señalado que existe una profunda falta de información y control por parte del Gobierno regional, al advertir que no se tiene un censo claro de cuántas viviendas de uso turístico hay en la zona. Según él, estos espacios han degenerado en verdaderos "parques temáticos del turismo de baja calidad" que afectan tanto a residentes como a visitantes.
En su intervención, Perpinyà enfatizó la responsabilidad que debe asumir la administración, mencionando que la Comunidad de Madrid exige identificar el inmueble, presentar el nombre del propietario y demostrar tener un seguro de responsabilidad civil, entre otros requisitos. Sin embargo, cuestionó si estas exigencias son suficientes para abordar los problemas graves que acompañan al turismo descontrolado en la capital.
Criticando abiertamente el enfoque del Ejecutivo regional, el diputado concluyó que la logística de inspección parece priorizar la elusión de responsabilidades, apuntando que a la Comunidad de Madrid parece no preocuparle realmente el impacto que este modelo turístico está teniendo sobre los ciudadanos y el entorno. Su postura invita a la reflexión sobre la necesidad de un balance adecuado entre el desarrollo turístico y la calidad de vida de los residentes locales.
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