En el corazón de Madrid, el barrio de Retiro se ha convertido en el escenario de una lucha por la dignidad del hogar. Mari Carmen, una valiente mujer de 87 años y residente de su vivienda durante las últimas siete décadas, se enfrenta a un desalojo inminente que estaba programado para este miércoles. Sin embargo, gracias a una suspensión temporal del desahucio, su vida y su lucha por un derecho fundamental han cobrado protagonismo.

Visiblemente emocionada, Mari Carmen declaró con determinación: “No me iré de aquí porque tengo un derecho. Mi casa representa mucho más que cuatro paredes; es donde he vivido mi vida y donde mis padres también vivieron”. Estas palabras resonaron en una rueda de prensa organizada frente a su hogar por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, donde la comunidad se unió para mostrar su apoyo a la anciana.

Aproximadamente un centenar de personas se reunieron en solidaridad con Mari Carmen, coreando consignas como “Mari Carmen se queda” y “fuera fondos buitres de nuestros barrios”, mientras la emoción llenaba el aire. Este apoyo comunitario es un testimonio del poder de la movilización social en situaciones críticas como esta.

La abogada de Mari Carmen, Beatriz Duro, explicó que la solicitud de suspensión del desalojo se basó en el real decreto 11/2020, que establece protecciones frente a desahucios en situaciones de vulnerabilidad, como la que enfrenta su clienta. Duro destacó que, aunque el juez no aceptó la moratoria de inmediato, decidió suspender el desalojo para permitir el análisis de un informe de vulnerabilidad presentado por servicios sociales.

“Esta suspensión temporal es una señal positiva y evidencia la importancia de la movilización colectiva”, subrayó Duro. Mari Carmen, por su parte, expresó que la noticia le brindó “un poco de tranquilidad”, pero reafirmó su compromiso de luchar por su hogar y por una reforma integral de la ley de vivienda en España.

La anciana denunció la existencia de numerosos desahucios exprés que afectan especialmente a las personas mayores, quienes a menudo se ven acosadas y presionadas. “Es necesario acabar con la especulación que no solo se apodera de viviendas, sino que también amenaza la integridad de nuestro país”, afirmó con firmeza.

Mari Carmen compartió que se le ha ofrecido la posibilidad de trasladarse a una residencia pública con largas listas de espera, o a un piso tutelado. No obstante, desde el Sindicato de Inquilinas se insiste en que su única opción viable debe ser permanecer en su hogar, donde ha construido su vida.

Valeria Racu, portavoz del Sindicato, condenó el modelo de especulación que prevalece en la región, subrayando que este es sostenido por las autoridades locales y con la complicidad del Gobierno central. “Es un sistema que penaliza a la gente mientras beneficia a unos pocos”, lamentó Racu, animando a aquellos en situaciones semejantes a la de Mari Carmen a mantener su resistencia. “Las leyes injustas deben ser desobedecidas”, concluyó, subrayando la necesidad de una lucha colectiva por la justicia y la equidad en el acceso a la vivienda.