María Jesús Montero no asiste a la mediación con la pareja de Ayuso, se cancela.

La ausencia de María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, en el acto de conciliación al que la había instado Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha generado controversia. Fuentes jurídicas han informado a Europa Press sobre esta situación.

El acto de conciliación, programado para este miércoles, se originó a raíz de una reclamación de 40.000 euros por parte de González Amador debido a declaraciones realizadas por la ministra de Hacienda el 12 de marzo durante la sesión de control al Gobierno en el Senado. En dicho evento, Montero cuestionó a la presidenta madrileña por supuestamente residir "en un piso que se pagó con un fraude a la Hacienda Pública" y que "se costeó con las comisiones relacionadas con las mascarillas en plena pandemia".

Esta mañana, el procurador de González Amador se presentó ante el Juzgado de Primera Instancia número 49 de Madrid, mientras que la parte demandada, tanto Montero como el representante de la Abogacía del Estado que la representa, no acudieron. Esta falta de presencia ha invalidado la conciliación, abriendo la posibilidad de que la parte demandante considere encauzar el asunto por la vía penal o civil en el Tribunal Supremo, dado que Montero cuenta con aforamiento por ser ministra y diputada.

Además, Montero expresó su sorpresa por las conexiones presuntamente problemáticas de Ayuso, mencionando que tanto su hermano como su novio han estado vinculados a asuntos que podrían implicar fraudes fiscales o corrupción. La ministra urgió a Ayuso a ofrecer aclaraciones sobre estos temas, destacando la falta de respuesta por parte de la presidenta autonómica a estas acusaciones.

Estas declaraciones surgen a raíz de un artículo de 'elDiario.es' que detalla una presunta denuncia presentada por la Fiscalía contra la pareja de Ayuso, acusada de un fraude fiscal superior a los 350.000 euros. La información también insinúa que la presidenta madrileña residió en un apartamento de un millón de euros que fue adquirido mientras Hacienda investigaba a su pareja.

No obstante, las acusaciones no confirman que el apartamento haya sido adquirido con los fondos supuestamente defraudados, lo que llevó a González Amador a entablar una demanda por intromisión en su derecho al honor e intimidad. El acto de conciliación es una etapa previa antes de una eventual demanda formal, dejando la posibilidad abierta para que ambas partes lleguen a un acuerdo y pongan fin al litigio.

En marzo, el equipo jurídico de González Amador anunció la preparación de una querella contra la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda por revelar secretos fiscales. Esa misma semana, Ayuso denunció que su pareja estaba siendo perseguida por las autoridades, buscando su "destrucción personal" bajo el poder del Estado.