El debate sobre la salud ambiental y la calidad de vida en Madrid ha cobrado un nuevo impulso, tras la denuncia presentada por la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, quien esta semana acudió a la Fiscalía de Medio Ambiente. La razón de su acción es la construcción del crematorio en la M-40, un proyecto que, según su perspectiva, podría constituir un "presunto delito contra el medio ambiente y la salud pública" debido a la manera en que se ha gestionado su licencia.

Maroto no solo ha puesto en duda la legalidad de la concesión, sino que ha enfatizado el respaldo del Grupo Socialista hacia los residentes de los distritos de Usera y Villaverde, que han manifestado su rotundo rechazo a la instalación. "Este crematorio representa una amenaza clara para la salud de nuestra ciudadanía", afirmó la portavoz, haciendo eco del descontento general que rodea esta cuestión. Además, ha subrayado que el proyecto infringe el artículo 45 de la Constitución Española, que obliga a los poderes públicos a salvaguardar el bienestar ciudadano y el medio ambiente.

La crítica a la gestión del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha sido contundente. Maroto lo ha acusado de escudarse en la burocracia y en la interpretación de un fallo del Tribunal Supremo para justificar la construcción del crematorio, algo que, en su opinión, es una manipulación de la sentencia. "La resolución del Supremo no ordena la concesión de la licencia sin más, sino que exige al Ayuntamiento que ofrezca una justificación clara y sólida sobre su decisión", explicó Maroto.

La portavoz socialista también criticó el enfoque del alcalde, al señalar que ha estado evadiendo su responsabilidad principal al atribuir a otros la culpa o buscar refugio en la legalidad. "No podemos seguir tolerando el trilerismo que caracteriza a su gestión. La ciudadanía espera que el alcalde esté al frente de sus decisiones, especialmente cuando estas ponen en riesgo la salud de los madrileños", subrayó.

Tras la presentación de la denuncia, Maroto indicó que confían en que la Fiscalía del Medio Ambiente escuche las voces de quienes se oponen a la construcción del crematorio. Cabe recordar que esta no es la primera acción del PSOE en este sentido; ya han formalizado un recurso de reposición contra la licencia concedida a la empresa Parcesa para operar el crematorio en el tanatorio de la M-40.

Además, los socialistas han subrayado que la solicitud de la licencia data de 2015, momento en el cual se aplicaba la antigua normativa, en lugar de la más actualizada Ordenanza de Calidad del Aire y Sostenibilidad. El antiguo marco legal, específicamente en su artículo 55.3, exige que las instalaciones de incineración se ubiquen a una distancia mínima de 250 metros de las viviendas, a menos que se pueda demostrar la inocuidad de la actividad.

Los riesgos asociados a la incineración se han expuesto en detalle, ya que este proceso genera emisiones de sustancias extremadamente nocivas como monóxido de carbono, partículas sólidas y metales pesados. A pesar de que existen sistemas de filtrado, la tecnología actual no permite eliminar completamente estas emisiones, garantizando así que ninguna instalación de este tipo alcance niveles de emisión cero, lo que convierte la propuesta en un serio peligro para la ciudadanía.