El 7 de diciembre, en Madrid, el Grupo Municipal Socialista, liderado por Reyes Maroto, ha hecho una importante propuesta a las ordenanzas fiscales de 2026 que podría transformar la gestión de la vivienda en la capital. En su plan, sugieren que las propiedades desocupadas sean gravadas con un recargo de hasta un 50%, además de establecer que las viviendas de uso turístico (VUT) tributen como si fueran una actividad económica, un paso que busca reflejar su real impacto en la vida urbana.

Los socialistas han presentado un total de doce enmiendas a las ordenanzas fiscales, destacando una que se opone a la reforma general. En una reciente rueda de prensa, Enma López, portavoz de Hacienda del PSOE, hizo hincapié en su desacuerdo hacia las reducciones fiscales indiscriminadas, que tienden a favorecer a quienes más tienen, en detrimento de los ciudadanos más vulnerables.

Su enfoque se centra en implementar el "IBI Social", una iniciativa destinada a ayudar a las familias en condiciones precarias a afrontar el costo de su vivienda habitual. López subrayó la importancia de direccionar los recursos hacia quienes realmente lo necesitan y criticó al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por no reclamar a la Comunidad de Madrid la deuda de 850 millones de euros, insinuando una falta de valentía para tratar con la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Dentro de las propuestas, dos enmiendas se enfocan especialmente en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). La primera de ellas busca detener la reducción del tipo de gravamen que plantea el actual Gobierno municipal, argumentando que esta medida podría resultar en una pérdida de ingresos de 30,5 millones de euros que beneficiarían, sobre todo, a los propietarios con viviendas de alto valor catastral.

Los socialistas han criticado esta renuncia a ingresos, calificando de contradictorio que el Ayuntamiento disminuya su recaudación mientras incrementa la deuda municipal en 53 millones de euros, trasladando así la carga financiera a las futuras generaciones.

La segunda enmienda sobre el IBI establece la creación de un recargo del 50% para las propiedades vacías, con el objetivo de fomentar un uso más responsable del parque inmobiliario y contribuir a mitigar la crisis de accesibilidad a la vivienda que enfrenta Madrid, una ciudad marcada por una intensa presión en este sector.