La formación política Más Madrid ha solicitado a la Fiscalía Provincial de la capital española que inicie una investigación en relación a las polémicas suscitadas en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, implicando a la gestión del grupo Ribera Salud y a la propia Comunidad de Madrid.

En un documento dirigido al Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, Más Madrid detalla una serie de informaciones que han ido saliendo en los medios de comunicación desde que se difundió un audio del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, en el que este señalaba la necesidad de "desandar la senda" que se había tomado para reducir las listas de espera en el mencionado hospital.

El escrito destaca una grabación en la que se ordena incrementar el EBITDA, que se traduce en la maximización de las ganancias de la empresa, incluso si esto resulta en una reducción de la calidad del servicio sanitario brindado a los pacientes.

Los regionalistas enfatizan que, según el contrato de gestión, Ribera Salud tiene la responsabilidad trasladada por el estado de mantener niveles óptimos de calidad, comparables a los de hospitales públicos similares.

Además, citan informaciones del diario 'El País', que revelan prácticas de atención que priorizan a pacientes "no cápita", es decir, aquellos que son más rentables económicamente, o que evitan tratamientos coûteux como la diálisis peritoneal para pacientes "cápita".

Ante esta serie de situaciones, Más Madrid señala distintos delitos, incluyendo uno relacionado con la denegación del derecho a la salud como un acto discriminatorio que afecta a personas en función de su enfermedad o procedencia.

El partido también menciona la posibilidad de que exista un delito de lesiones debido a las consecuencias de la negativa a atender a ciertos pacientes, así como una posible administración desleal por parte de la concesionaria, enfocada en obtener beneficios económicos en lugar de garantizar el servicio sanitario adecuado.

En cuanto a malversación impropia, subrayan que podría aplicarse en función de cómo se ha manejado el patrimonio público por quienes estaban al mando, ya que parece haberse utilizado no para el fin de la prestación del servicio, sino con fines lucrativos.

Asimismo, critican a la Comunidad de Madrid por posible prevaricación por omisión, al no tomar las medidas necesarias ante situaciones adversas que afectan el correcto funcionamiento del servicio público de salud.

Más Madrid prevé que al gobierno regional también se le podría imputar un delito de omisión por no perseguir los presuntos ilícitos cometidos por Ribera Salud.

Como parte de su solicitud, piden que se tomen declaraciones de directivos del Grupo Ribera Salud y del personal del Hospital de Torrejón, en particular de aquellos que denunciaron las prácticas supuestamente ordenadas y que enfrentaron despidos arbitrarios.

Por otro lado, requieren que se entregue a la Fiscalía toda la documentación comercial que atañe a Ribera Salud y que la Consejería de Sanidad proporcione información sobre cualquier medida e inspección relacionada con el contrato de gestión del hospital desde al menos 2022.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha declarado a Europa Press que llevan a la Comunidad a la Fiscalía por permitir "los abusos de Ribera Salud y Quirón".

Según su evaluación, las condiciones de contrato y las instrucciones internas para "ahorrar costos y incrementar las listas de espera para asegurar ganancias" indican la posible comisión de varios delitos, entre ellos la discriminación en el acceso al servicio público, lesiones, administración desleal, malversación, prevaricación administrativa y la omisión de perseguir delitos.

Bergerot critica que desde que se instauró el modelo de gestión privada en la sanidad pública madrileña bajo el gobierno de Esperanza Aguirre, las administraciones del Partido Popular han priorizado los intereses económicos de entidades privadas en detrimento de la atención sanitaria en hospitales y centros de salud.

Afirma que esta problemática debe ser abordada no solo a nivel político, sino que hay suficientes fundamentos para que sea investigada judicialmente. Asegura que al no considerar incumplimientos las acciones del CEO de Ribera Salud al "aumentar las listas de espera", se revela un sistema corrupto que permite a unos pocos enriquecerse a costa de la salud pública.

Por último, Más Madrid se compromete a continuar la lucha contra la privatización sanitaria y a defender la salud de los madrileños utilizando todos los recursos legales a su disposición.