La situación del alojamiento en Madrid se torna cada vez más preocupante, mientras que la vicealcaldesa Inma Sanz y la empresa municipal de vivienda EMVS aseguran que "nadie se va a quedar en la calle" tras la finalización de un convenio crucial para familias vulnerables, que está previsto expirar el 31 de diciembre de este año.

Desde Más Madrid y diversas organizaciones sociales, sin embargo, se ha levantado una fuerte alarma ante la inminente posibilidad de desahucios que afectarían a hasta 260 familias que han estado recibiendo apoyo a través del Programa de Alojamiento Alternativo y Temporal. Estas entidades han señalado la grave "espiral perversa" en la que se encuentra el sector de la vivienda, lo que agrava aún más la crisis social en la capital.

En una reciente rueda de prensa, Nacho Sangüesa, portavoz de EAPN España, compartió su profunda preocupación al indicar que las familias podrían ser expulsadas de sus hogares justo al concluir el año 2024. Sangüesa estaba acompañado por la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, quien subrayó la existencia de una "sospecha" sobre la intención del gobierno liderado por José Luis Martínez-Almeida de dar por terminado este convenio de inclusión que ha brindado apoyo a personas en situación de vulnerabilidad desde 2012.

Este convenio, que ha sobrevivido a diferentes alcaldías, involucra a catorce entidades, entre ellas Cáritas y Provivienda, y su objetivo principal ha sido proporcionar recursos habitacionales temporales, con plazos de estancia que no deben superar los dos años, para ayudar a las familias a estabilizarse y alcanzar la autonomía. Sin embargo, Maestre enfatizó que el alcalde Almeida ha tomado la decisión de descontinuar el programa sin diálogo ni empatía hacia quienes se verán afectados, ni hacia las organizaciones que han dedicado años a apoyar estas familias.

La concejala de Más Madrid junto a Sangüesa confirmaron que EMVS Madrid ya ha comenzado a enviar notificaciones de desahucio, lo que pone en riesgo a familias jóvenes, a grupos LGTBI mayores, personas con discapacidades y familias con niños. La portavoz denunció que la situación de vulnerabilidad social en Madrid no solo se mantiene, sino que ha empeorado, con más de 30,000 personas en lista de espera para viviendas que escasean, con precios que superan los 800 euros al mes.

En este contexto crítico, Maestre no pudo contener su indignación al afirmar que Almeida está dispuesto a dejar a 260 familias sin hogar, además de seguir ignorando a entidades que han realizado un esfuerzo significativo para rehabilitar viviendas abandonadas por la EMVS durante años.

Tanto Más Madrid como el PSOE han solicitado la convocatoria de un consejo extraordinario de la empresa de vivienda, programado para el 18 de diciembre, donde esperan que participe el delegado del área social, José Fernández. "No puede quedarse al margen de una cuestión tan vital como la inclusión social a través de la vivienda", aseveró Maestre, instando al gobierno a un diálogo inmediato para encontrar soluciones viables a los desahucios que se avecinan.

Por su parte, Sangüesa rechazó la decisión de extinguir un programa que, según él, ha tenido éxito y debería ser reforzado por todas las instituciones públicas. Este programa ha sido fundamental para ayudar a familias en situaciones críticas y garantizarles un hogar, esencial para su inclusión social.

Desde la Red de Entidades, Sangüesa llamó a la Administración a trabajar en conjunto para ofrecer soluciones específicas a cada familia afectada, asegurando que deben mantener su esperanza de vida. Sin embargo, la comunicación que han recibido hasta ahora del Ayuntamiento se ha limitado a promesas poco concretas, dejando entrever una falta de compromiso real para resolver estas problemáticas.

Por último, y en medio de este escenario de incertidumbre, EMVS Madrid y la vicealcaldesa Sanz reiteraron la afirmación de que "nadie se va a quedar en la calle". Sin embargo, Sanz reconoció que el programa actual "no estaba funcionando" y que se están explorando soluciones individualizadas, lo que ha generado más dudas sobre la efectividad de la respuesta ante una crisis habitacional que afecta a tantos en la capital.

A pesar de las promesas de nuevas soluciones, la realidad es que muchas familias vulnerables continúan en la cuerda floja, y su futuro dependerá de la capacidad del Ayuntamiento para actuar con responsabilidad y humanidad en este complicado panorama.