Más Madrid y PSOE impugnan el cierre del caso de Ana Millán por considerar prematura la decisión ante la falta de pruebas.
En Madrid, el 25 de marzo, las formaciones políticas Más Madrid y el PSOE han optado por apelar ante la Audiencia Provincial de Madrid tras la decisión de archivar la causa contra Ana Millán. La exalcaldesa de Arroyomolinos y actual vicesecretaria de Organización del PP madrileño está siendo investigada por posibles irregularidades en la concesión de contratos públicos durante su mandato como concejal.
La magistrada que llevaba la instrucción del caso determinó que no existían suficientes pruebas que justificaran las acusaciones en contra de Millán y del empresario Francisco Roselló. Las investigaciones surgieron a raíz de denuncias sobre contrataciones controversiales que implicaban pagos vinculados a la vivienda de la exconcejal y favorecimientos a familiares, según los informes de la Guardia Civil.
En un documento al que tuvo acceso Europa Press, Más Madrid urge a la Audiencia a reabrir la investigación y avanzar hacia un procedimiento abreviado. La agrupación considera que tiene motivos suficientes para seguir indagando en delitos potenciales como la prevaricación, el fraude en la contratación pública y el cohecho.
Desde Más Madrid, se enfatiza que el cierre del caso es prematuro, dado que aún quedan diligencias de instrucción por realizar, lo que podría abrir la puerta a una revisión más exhaustiva de los hechos.
El recurso también menciona la existencia de una supuesta conexión corrupta entre la exconcejal y Roselló, quien habría estado participando en la obtención de contratos que suman más de 500.000 euros a empresas asociadas a él. Se señala que estas adjudicaciones se habrían llevado a cabo entre 2005 y 2011, con Millán ejerciendo una influencia crucial en los procesos de contratación.
Por su parte, el PSOE critica la reciente resolución judicial, argumentando que esta vulnera el acceso a la justicia por parte de la acusación popular. El partido sostiene que la decisión de archivar el caso, ligada a la anulación de un plazo de instrucción, no implica que el caso deba cerrarse, sino que se requería una justificación clara para la nueva prórroga.
Además, los socialistas subrayan que la decisión del juzgado ignoró la validez de pruebas clave, como las declaraciones de testigos que habían sido consideradas fundamentales para el esclarecimiento de los hechos y respaldadas por entidades judiciales de mayor rango.
El PSOE califica la actuación del juzgado como "incoherente", al cancelar la recopilación de evidencias necesarias para clarificar un caso que ya presentaba indicios significativos de conductas irregulares y que, en su opinión, debería continuar su curso.