En un intenso debate que ha tenido lugar en el Pleno de la Asamblea de Madrid, el diputado de Más Madrid, Juan Ignacio Varela-Portas, ha lanzado serias acusaciones contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Según el parlamentario, el Ejecutivo regional ha estado aprobando universidades privadas a pesar de contar con informes negativos y sin las garantías necesarias para asegurar una educación de calidad. A esta crítica se ha sumado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, quien ha defendido que las universidades autorizadas cumplen con unos estándares exigentes y poseen los requisitos de solvencia requeridos.

Durante la sesión de control, Varela-Portas no escatimó en señalar lo que considera una falta de supervisión por parte del consejero madrileño en relación a la calidad docente de estas instituciones. Dijo que no se está garantizando que, como asegura la presidenta Isabel Díaz Ayuso, no se otorguen títulos con la misma facilidad que se venden churros, lo que a su juicio socava la credibilidad del sistema educativo.

El diputado argumentó que existe un caos en el panorama de la educación superior, donde numerosas universidades privadas ofrecen exactamente lo mismo y, a su vez, no contribuyen a la investigación, la innovación ni a la formación continua, a diferencia de lo que hacen las universidades públicas. Subrayó que este desorden perjudica a la calidad educativa y a la oferta académica de la región.

Varela-Portas también consideró que la responsabilidad del Gobierno madrileño no se limita a la mera vigilancia, sino que este actúa “activamente” en la proliferación de universidades privadas. Se refirió a estas instituciones como “parásitos” que crecen a expensas de la universidad pública, un cuerpo que, según él, está debilitado debido a la falta de recursos adecuados. Criticó que el Ejecutivo regional, con sus decisiones, favorezca la creación de universidades de dudosa calidad mientras recorta drásticamente el presupuesto destinado a las universidades públicas, comprometiendo incluso el pago de salarios y la manutención de infraestructuras necesarias.

Por su parte, el consejero Viciana defendió la postura del Gobierno afirmando que Más Madrid vive en una constante confrontación entre lo público y lo privado. Resaltó que la Comunidad de Madrid es reconocida como la “capital de los estudios superiores en español”, no solo gracias a sus seis universidades públicas de renombre, sino también a la presencia de instituciones privadas que aportan al campus educativo.

Viciana abogó por una cooperación entre el sector público y el privado, argumentando que esto es no solo factible, sino también beneficioso. Añadió que es habitual que los estudiantes que inician su formación en universidades públicas opten, más tarde, por realizar un máster en una institución privada, y viceversa. Por ello, mencionó que en la próxima Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencias se buscará promover la pluralidad, la libertad y la colaboración entre diferentes tipos de instituciones educativas.

El consejero también rechazó la idea de que las decisiones sobre el reconocimiento de universidades privadas se tomen de forma arbitraria por el Gobierno regional. Aclaró que tal competencia está regida por el Real-Decreto 640 de 2021, que detalla que la Conferencia General de Política Universitaria, donde participan diversos representantes, es la que determina estas autorizaciones, previo a la solicitud de informes adicionales por parte de su Consejería.

Viciana concluyó su intervención reafirmando que su departamento es más riguroso en sus exigencias que sus opositores. Aseguró que se solicitan varios informes y se verifica que se cumplan los requisitos de solvencia, todo con el objetivo de garantizar la máxima calidad en la oferta educativa de todas las universidades, tanto públicas como privadas.