El pasado 16 de octubre, la ministra de Sanidad, Mónica García, lanzó un ultimátum a la Comunidad de Madrid, exigiendo la creación de un registro de médicos objetores de conciencia en el tema del aborto en el plazo de un mes. De no cumplirse esta petición, ha advertido que acudirá a la justicia para que se hagan valer los derechos establecidos por la ley.

Durante su intervención en el 'Foro Profesiones Sanitarias: La profesión médica en España', organizado por Europa Press y Hospiten, García destacó que si la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, no actúa conforme a la ley, se verá obligada a emprender acciones legales por contencioso administrativo. “No podemos permitir que se ignoren las normativas vigentes”, afirmó.

La ministra criticó abiertamente a Ayuso, acusándola de embarcarse en una “cruzada innecesaria” contra los derechos de las mujeres. García subrayó que los intentos de la presidenta por boicotear este registro son una afrenta a la legislación y a la ciudadanía que buscan proteger la salud y los derechos reproductivos de las mujeres.

Además, García desmanteló la afirmación de que el registro de objetores estigmatiza a los médicos, aclarando que se trata de un sistema anónimo que brinda protección a los objetores que decidan no ejercer la prestación del aborto dentro del Sistema Nacional de Salud. Citó al Tribunal Constitucional, que ha enfatizado la necesidad de que este registro sea dinámico e individualizado.

La ministra también recordó que en Madrid ya existe un registro operativo para la eutanasia, el cual se aplica correctamente, lo que pone de relieve la inconsistencia en las políticas de la presidenta Ayuso, en cuanto a lo que se permite o no en el ámbito sanitario.

Finalmente, García instó al Partido Popular a considerar las demandas de la sociedad, sugiriendo que la presidenta debería adaptarse a un marco legal que respete los derechos fundamentales de la población. Recalcó que “en este país, se cumplen las leyes y se defienden los derechos de las mujeres”, demandando un cambio en la postura del gobierno regional.