En un giro inesperado, los abogados de Nacho Cano han presentado al juez una serie de conversaciones de Whatsapp que revelan que la becaria que lo denunció por supuesta contratación de inmigrantes en su musical 'Malinche' exigía una compensación económica y una carta de recomendación a cambio de no proceder legalmente.

Estos mensajes de Whatsapp, proporcionados por fuentes jurídicas a Europa Press, muestran cómo la becaria mencionaba posibles acciones legales por negligencia, discriminación, maltrato psicológico y privación de libertad en el proyecto artístico de Cano.

Además, la becaria solicitaba una suma de 6.000 euros y una carta de recomendación, así como la cobertura de sus gastos de estancia en Madrid en un hotel u hostal hasta mediados de enero.

En un intento por evitar consecuencias legales, la becaria afirmaba que llegar a un acuerdo sería más ventajoso para Nacho Cano que enfrentarse a un juicio que podría perjudicar su reputación y llevar al regreso de los becarios descontentos.

La becaria se comprometió, en caso de recibir la compensación acordada, a abandonar el hostal y no volver a mencionar el asunto, dando por cerrado el caso y evitando cualquier recordatorio desagradable.

Por otro lado, la Fiscalía Provincial de Madrid había archivado una denuncia previa de la misma becaria contra Cano, al considerar que no había base para iniciar un proceso legal debido a la falta de indicios de delito.

En esa investigación se encontraba la acusación de la becaria de haber sido amenazada por el músico por presenciar un incidente comprometedor en una discoteca, aunque la Fiscalía no consideró que estas acciones fueran constitutivas de delito.

Además, la joven afirmaba haber sido expulsada injustamente del proyecto 'Malinche' y abandonada en la calle, lo que motivó su denuncia tanto ante la Fiscalía como ante la Policía Nacional.

La denuncia contra Nacho Cano se presentó inicialmente ante la Policía en diciembre, y posteriormente ante la Fiscalía en junio, desencadenando finalmente la detención del músico por presunta implicación en delitos relacionados con inmigración y derechos laborales.