Nuevas medidas fiscales impulsan la Ley de Apoyo a Empresas Familiares con incentivos de hasta el 99%.

En una jornada histórica para el impulso de la empresa familiar en la Comunidad de Madrid, el Consejo de Gobierno ha autorizado el proyecto de Ley de Apoyo a la Empresa Familiar. La iniciativa, que se presentará ante la Asamblea de Madrid para su debate legislativo, incluye incentivos fiscales que podrían llegar hasta un notable 99%, facilitando así el relevo generacional en este tipo de empresas.

Durante una reunión extraordinaria celebrada en Morata de Tajuña, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado que esta nueva norma pretende ofrecer beneficios significativos en el ámbito del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. El propósito es garantizar la continuidad de los negocios familiares, una pieza clave en la economía local y nacional.

Un aspecto innovador de la ley es la importante mejora en la reducción de la base imponible para quienes heredan o reciben en donación una empresa, que pasará del 95% al 99%. Esta ventaja se aplicará siempre que el nuevo propietario mantenga los activos en su patrimonio y continúe operando la actividad económica durante un período de cinco años.

Adicionalmente, la normativa amplía la lista de familiares que pueden beneficiarse de estas deducciones, más allá de los descendientes y cónyuges. Ahora también se incluyen ascendientes, así como collaterales de segundo y tercer grado, es decir, hermanos, tíos, sobrinos y primos, además de trabajadores que hayan demostrado una conexión especial con la empresa, cumpliendo ciertos requisitos de antigüedad y experiencia en roles de dirección.

El acceso a estas medidas se ha simplificado notablemente, eliminando algunas de las exigencias que limitaban su aplicación, como la necesidad de que el donante tenga al menos 65 años o que la empresa sea la principal fuente de ingresos. Se espera que estas reformas beneficien a alrededor de 1.500 contribuyentes en Madrid, generando así un ahorro aproximado de dos millones de euros anuales.

La ley está proyectada para su aprobación final en el Parlamento regional hacia la mitad del año, y se anticipa que entrará en vigor el primer día del mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).