MADRID, 3 de febrero.

La Policía Nacional ha desmantelado una presunta red criminal dedicada a la trata de personas y al tráfico de drogas, tras la arresto de ocho individuos, entre los que se encuentra la mujer que lideraba la operación. Este grupo delictivo operaba en el distrito madrileño de Tetuán.

La investigación se inició en abril del año pasado, cuando los agentes detectaron indicios de una organización que explotaba sexualmente a mujeres en situación de vulnerabilidad, mientras también se dedicaba al tráfico de drogas.

A través de un seguimiento exhaustivo, se descubrió que el núcleo de la actividad delictiva se encontraba en un domicilio específico de Tetuán, que funcionaba como un punto de prostitución. La cabecilla de la organización utilizaba este lugar, junto con su propia residencia, para llevar a cabo la distribución de drogas, según un informe de la Policía Nacional.

La intervención policial se llevó a cabo a finales de enero, cuando se realizaron tres registros en diferentes hogares vinculados al grupo. Durante las operaciones, se confiscó una variedad de sustancias ilegales, así como herramientas utilizadas en la actividad delictiva, como básculas de precisión, teléfonos móviles y una suma en efectivo que ascendía a 20.000 euros.

Como resultado de esta operación, se logró la liberación de ocho mujeres que habían sido víctimas de la organización, y se procedió a la detención de otros ocho presuntos integrantes del grupo, contra quienes se les imputa delitos relacionados con la salud pública, la pertenencia a una organización criminal, la prostitution y el blanqueo de capitales.

La red criminal imponía normas extremas a las mujeres que eran objeto de trata. Entre estas regulaciones se encontraba la obligación de mantenerse localizadas en todo momento, llegando al extremo de tener que enviar fotografías y su ubicación cuando ofrecían servicios sexuales fuera del lugar de explotación.

Además, había seis mujeres en funciones de supervisión, que se encargaban de organizar los turnos de trabajo, asegurando que las víctimas estuvieran disponibles para prestar servicios sexuales las 24 horas del día. Las condiciones en el hogar donde eran hospedadas eran precarias, ya que estaban obligadas a dormir en un pequeño salón y solo contaban con un espacio limitado para sus necesidades básicas.

Las reglas también estipulaban que las víctimas debían alimentarse por medio de delivery, siempre bajo la vigilancia de cámaras. Si un cliente estaba presente en la vivienda, les estaba totalmente prohibido salir.

Los investigadores constataron que los servicios sexuales se ofrecían a través de diversas plataformas en línea y aplicaciones de mensajería, lo que facilitaba que la red llegara a un mayor número de clientes. Los hombres podían pagar con efectivo o mediante aplicaciones bancarias.

Al concertar citas, los hombres seleccionaban a las mujeres a través de las páginas web o mediante visitas a la vivienda, sin que estas pudieran ejercer la opción de negarse a realizar el servicio si eran elegidas.

A medida que avanzaba la investigación, se reveló que, además de la venta de drogas, la organización había anulado la voluntad de un hombre durante más de diez horas. Una vez que este perdió el conocimiento, los miembros de la red aprovecharon la situación para realizar múltiples transacciones bancarias, sustrayendo más de 4.200 euros de su cuenta.

Entre los detenidos, destaca la figura de la líder de la organización, quien, además de obligar a las mujeres a prostituirse, suministraba drogas tanto en el domicilio de explotación como en su propia residencia, garantizando así que no hubiera un exceso de sustancias en el local. Esto le permitía proporcionar droga a las víctimas cuando tenían que ofrecer servicios en otros lugares.