En un giro significativo en el ámbito de la ética profesional, la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado una condena de tres años de prisión contra un agente de movilidad de la Policía Municipal de Madrid por falsificar un parte de denuncia en noviembre de 2022. Este caso ha levantado preocupaciones sobre el abuso de poder y la manipulación de documentos oficiales en el ejercicio de funciones públicas.

La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, determina la culpabilidad del agente, condenándolo por un delito de falsedad en documento oficial. Además de la pena privativa de libertad, se le ha impuesto una inhabilitación para ejercer funciones públicas como agente de movilidad durante dos años y una multa de seis meses que asciende a seis euros diarios.

Durante el juicio, el acusado se defendió negando las acusaciones que pesaban sobre él y sostuvo que en el momento de los hechos había reportado los datos de la matrícula del vehículo infractor como los había observado. En su declaración, explicó que la tarde del 27 de noviembre de 2022, se encontraba realizando sus labores en la icónica Plaza de la Independencia de Madrid y describió cómo supuestamente se produjo la infracción.

“Observé la matrícula del vehículo y transmití los datos a la emisora, que verificó que el coche contaba con la ITV y el seguro en regla. Era un Skoda Octavia. Simplemente confirmé lo que la emisora me dijo”, expuso el agente ante el tribunal.

Interrogado por la fiscal sobre la discrepancia en la localización del vehículo, que según él había visto en Madrid pero que resultó estar en Alcalá de Henares, el acusado manifestó: “No tengo ningún problema personal con esa persona y no había razón alguna para actuar con animosidad”.

Por otro lado, el afectado por la denuncia negó haber tenido jamás un conflicto con el agente. En su testimonio, explicó que había recibido dos multas de tráfico por una infracción cometida en la mencionada plaza; sin embargo, aseguró que en ese momento se encontraba en Alcalá de Henares, compartiendo un momento con un compañero y su prima hasta las 20 horas.

Los hechos que llevaron a esta condena se produjeron el 27 de noviembre de 2022, alrededor de las 19:30 horas, cuando el agente R. S. G. se encontraba realizando tareas de control de tráfico en la Plaza de la Independencia, acompañado de otro agente. En un instante, J. G. F. advirtió cómo un conductor usando su teléfono móvil se saltó un semáforo en rojo, lo que lo llevó a solicitar a su colega que le proporcionara los datos del vehículo, ya que no había podido registrarlos en su dispositivo portátil debido a la rapidez de lo ocurrido.

En lugar de facilitar información precisa, el acusado proporcionó los datos de otro coche de una persona a la que supuestamente creía que mantenía una relación sentimental con su expareja, lo cual motivó que se formalizaran denuncias por las infracciones de tráfico observadas, acentuando un grave desvío en el ejercicio de su deber.

A raíz de estas acciones, se generaron los correspondientes expedientes sancionadores por parte del Ayuntamiento de Madrid, que llevaron a la persona afectada a presentar recursos contra las multas recibidas, buscando así justicia en un sistema que a veces parece permitir abusos de poder por aquellos que están encargados de hacer cumplir la ley.