En Madrid, la Audiencia Provincial ha ratificado el archivo de una causa relacionada con el fallecimiento de un anciano por Covid en una residencia pública, elevando a veinte los procedimientos cerrados debido a la falta de pruebas de la comisión de delitos en relación a los protocolos de derivación de pacientes a hospitales durante la pandemia.

Según un auto al que tuvo acceso Europa Press, se desestimó un recurso presentado por la familia del fallecido contra el cierre del procedimiento judicial contra la residencia pública Adolfo Suárez en Madrid.

La causa comenzó con una denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid contra la directora y médicos de la residencia Adolfo Suárez. El caso fue archivado por falta de justificación del delito de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro que dio lugar a la investigación.

El recurrente argumentó que las diligencias no solo no deberían haber sido archivadas, sino que también se debería haber ampliado la investigación a los responsables de la normativa administrativa que impidió derivar ciertos pacientes al hospital durante la pandemia.

Se mencionó que el tratamiento del paciente que falleció el 25 de marzo de 2020 en la residencia no fue similar al recibido en episodios anteriores en el hospital, y que no se activó el protocolo necesario para una interconsulta con el hospital de referencia.

La Sala señaló que la muerte del paciente debe examinarse para determinar si fue causada por una acción negligente relevante penalmente, teniendo en cuenta la crisis mundial de la pandemia. El informe forense concluyó que no hubo indicios de delito de imprudencia profesional.

Los magistrados determinaron que el seguimiento y tratamiento del paciente en la residencia fue adecuado y que incluso si se hubiera derivado al hospital, el resultado podría haber sido el mismo debido a la alta tasa de mortalidad por Covid-19 en personas mayores con comorbilidades en ese momento.

En cuanto al presunto delito de omisión de socorro, la Sala replicó que no hubo indicio de abandono del paciente sin tratamiento o intento de salvarle la vida según el informe forense. Por lo tanto, confirmaron el sobreseimiento de los cargos, concluyendo que el recurso presentado no tenía fundamento.