En una sesión marcada por la polarización política, la Asamblea de Madrid dio luz verde este jueves a la nueva Ley de Hacienda regional, respaldada exclusivamente por el Partido Popular (PP) y rechazada por la oposición que incluye a Más Madrid, PSOE y Vox. Este cambio legal busca, según el PP, optimizar la gestión del sector público madrileño y modernizar sus estructuras.

Este nuevo marco normativo reemplaza a la antigua Ley 9/1990 que había estado vigente durante 35 años, junto con la Ley 1/1989 que regulaba el Control Parlamentario de la Administración. Durante el debate, el diputado 'popular' Carlos González subrayó que este paso reforzará la posición de Madrid como la comunidad autónoma con mejores indicadores de gestión en España. Su argumento gira en torno a la necesidad de mantener una administración más eficiente y ágil.

Por otro lado, la diputada de Vox, Ana Cuartero, se mostró en contra y expresó su rechazo a cualquier legislación que, a su juicio, fomente el federalismo. Cuestionó las diferencias de este proyecto con legislaciones de otras comunidades como Cataluña o el País Vasco y criticó al PP por no haber revertido supuestos privilegios adquiridos durante las últimas décadas por el nacionalismo y la izquierda.

Desde el PSOE, el diputado Daniel Rubio se hizo eco de sus preocupaciones, argumentando que esta nueva ley representa una transformación significativa de la arquitectura económica de la Comunidad de Madrid. Rubio criticó el proceso acelerado con el que se aprobó, describiéndolo como una "estafa" y un "retroceso institucional" que disminuirá los mecanismos de control y equilibrio dentro de la Asamblea.

La diputada de Más Madrid, Raquel Huerta, también se opuso a la reforma, calificaciónola como un intento de proteger al PP de la supervisión pública. Lo consideró una estrategia para consolidar un entorno que facilite la opacidad en el manejo de los recursos públicos de la comunidad.

Al presentar la ley, el Gobierno de la Comunidad de Madrid destacó que su objetivo es modernizar los procedimientos del sector público, lo que incluye la actualización del sistema contable y la mejora de la transparencia y comunicación con la Asamblea. Así, la ley propone también una revisión del marco normativo que incluye la Ley de Subvenciones.

Entre las novedades que introduce la ley, se especifica la naturaleza de las sociedades mercantiles del gobierno regional y se excluyen las universidades públicas de los Presupuestos Generales, reconociendo su autonomía. Esto, mientras se introducen nuevas regulaciones en torno a la estabilidad presupuestaria y la programación financiera a medio plazo.

Con esta reforma, que abarca una revisión completa de la Hacienda autonómica y la actualización de aspectos fundamentales como la política financiera y las auditorías, el Ejecutivo busca también combatir la hiperregulación y eliminar normativas obsoletas. La nueva legislación promete una regulación más clara de las operaciones económicas, diferenciando entre la Tesorería General y la Central, lo que en teoría podría facilitar una gestión más coherente de los recursos financieros de la comunidad.