"Nunca antes se había presenciado una violencia tan intensa de grupos antifascistas en Madrid", afirma un agente herido

MADRID, 18 Nov.

Seis de los veintiún acusados en el juicio relacionado con los disturbios que marcaron el primer 'Rodea el Congreso' han llegado a un acuerdo con la Fiscalía de Madrid. Este pacto implica que las penas que enfrentarían serán transformadas en multas que alcanzan hasta 1.320 euros, tras aceptar su responsabilidad en los hechos ocurridos la noche del 25 de septiembre de 2012. El acuerdo se justifica con la aplicación de una atenuante de dilaciones indebidas especialmente calificadas.

El juicio ha comenzado esta mañana en los juzgados de lo Penal de Madrid, donde se han debatido las cuestiones preliminares y se ha escuchado el testimonio de los agentes de la Policía Nacional que participaron en el despliegue operativo autorizado por la Delegación de Gobierno de la ciudad.

Los acusados se enfrentan a multas de hasta ocho años de prisión por diversos delitos, incluyendo desórdenes públicos, atentados a la autoridad, resistencia, daños y lesiones, entre otros cargos.

Durante la protesta, unas 6.000 personas se reunieron pacíficamente en la plaza de Neptuno para manifestar su rechazo a la corrupción institucional. Sin embargo, la manifestación fue disuelta mediante cargas policiales que resultaron en 34 detenciones y un total de 64 heridos, de los cuales 27 eran agentes del orden.

Antes de la audiencia, los abogados de cinco de los acusados alcanzaron un acuerdo que implica aceptar los cargos a cambio de multas, por lo que las penas de prisión han sido conmutadas. Así, seis acusados reconocen su culpabilidad en desórdenes públicos y aceptan multas en lugar de una posible condena de once meses de prisión. Otros dos enfrentan pena similar por atentado agravado, y tres más, por atentado básico, se enfrentan a dos meses y veinte días de prisión.

Durante las declaraciones, un agente que sufrió lesiones ha expresado su incredulidad al afirmar que "nunca se había visto tal nivel de violencia de grupos organizados antifascistas o anarquistas en Madrid", lo que desencadenó las cargas policiales y las detenciones. Subrayó que, a pesar de la agresión de algunos manifestantes, la vasta mayoría se manifestaba pacíficamente contra las decisiones políticas de ese tiempo.

El agente testificó que los disturbios se caracterizaron por el uso de la táctica del 'Black Block', donde los participantes se vestían de negro para ocultar su identidad y llevaban materiales como palés, escudos y palos, preparados para desatar el caos durante la protesta.

Ocho organizadores del evento fueron llevados ante la Audiencia Nacional, entre ellos Elena Martínez, quien ahora actúa como portavoz de la Asamblea de Apoyo a los encausados y que fue, en su momento, representante de la Coordinadora 25S.

Al llegar a los tribunales, la activista denunció que este juicio representa una "escalada represiva" que comenzó hace doce años bajo la dirección de Cristina Cifuentes como delegada del Gobierno en Madrid. Señaló que, en ese entonces, las autoridades incluso hablaban de la creación de listas negras de militantes políticos, algo que consideró más propio de épocas autoritarias que de una sociedad democrática. Según ella, su grupo fue perseguido y vigilado, mientras que el despliegue policial en esas movilizaciones fue sin precedentes.

En las intervenciones iniciales, los abogados defensores solicitaron que sus clientes declarasen al final de la vista oral. Los acusados, a través de sus letrados, han rechazado cualquier culpabilidad y piden su absolución, respaldados por vídeos y fotos que, según ellos, demostrarían su inocencia.

De acuerdo con la Fiscalía, el 25 de septiembre de 2012 un grupo considerable de personas se congregó alrededor del cerco de seguridad en torno al Congreso de los Diputados, manifestándose en contra de la corrupción institucional.

Algunos de estos manifestantes treparon las vallas de seguridad, incitando a otros a romper el cerco con gritos como "vamos a tomar el Congreso, ahí están los ladrones". Este llamado llevó a que parte de la valla fuese removida.

Mientras los agentes intentaban restablecer el orden y pedir a los concentrados que respetaran el cordón de seguridad, uno de los acusados escaló la valla, incitando nuevamente a la multitud a desbordar el dispositivo policial.

El individuo exclamaba: "Vamos a tomar el Congreso, ahí dentro están los ladrones que nos están perjudicando, y esos pistoleros que los defienden no se los llevamos por delante", al tiempo que otros lanzaban objetos como botellas, latas y piedras contra los agentes de policía.

Alrededor de las 19 horas, los manifestantes comenzaron a organizarse para embestir contra las vallas de seguridad, aún cuando las fuerzas del orden reiteraban su llamado a no rebasar las zonas de seguridad. En esos momentos, lanzaron objetos contra los policías, quienes intentaban contener la situación.

Los incidentes se extendieron a lo largo de la zona que abarcaba desde la Plaza de Cibeles hasta la fuente de Neptuno, donde se congregaron grupos de personas que, en un esfuerzo coordinado, buscaron alterar la naturaleza pacífica de la manifestación, usando objetos como proyectiles contra los agentes encargados de mantener el orden público.

Alrededor de las 22:30 horas, aproximadamente 200 personas se trasladaron hacia la estación de Atocha, buscando obstaculizar el trabajo policial y dislocando la paz y seguridad que intentaban restablecer los agentes. Allí, increparon a los vigilantes y causaron daños en la infraestructura de la estación, llegando incluso a cruzar las vías, lo que provocó la paralización del tráfico ferroviario y el lanzamiento de objetos hacia los agentes presentes, entre ellos piedras.