La Sección de Protección del Patrimonio Urbano (SEPROPUR) de la Policía Municipal de Madrid, creada hace un año con el propósito de combatir la proliferación de grafitis en las calles de la capital, ha logrado abrir un total de 264 expedientes y emitir 384 denuncias. En este periodo, se han llevado a cabo investigaciones que han resultado en 42 individuos identificados como responsables y cerca de 700 personas han sido registradas, mientras que se realizaron 200 vigilancias y se trasladaron 117 informes a los juzgados, además de nueve casos a la Fiscalía de Medio Ambiente por delitos relacionados con daños a edificios protegidos o de interés cultural.

Hoy, la vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, se ha acercado a las oficinas de SEPROPUR, que opera bajo la Comisaría de Medio Ambiente de la Policía Municipal. En estas instalaciones, un equipo de 39 agentes trabaja incansablemente en turnos que cubren las 24 horas del día durante todo el año.

La vicealcaldesa, acompañada por altos mandos de la Policía Municipal y la concejala de Arganzuela, Lola Navarro, ha manifestado su interés por conocer las labores que se llevan a cabo en esta sección y ha reconocido el arduo trabajo de los agentes. Durante su visita, estos le han expuesto algunos de los casos más destacados en los que han intervenido en los últimos meses.

“La creación de SEPROPUR fue una respuesta a uno de nuestros compromisos electorales, que era proteger el patrimonio de la ciudad de cualquier acto que comprometa su integridad, como la vandalización estética a través de grafitis. Nuestra meta es la conservación del patrimonio de Madrid, y actuamos de manera decidida para combatir estos actos incívicos que deterioran nuestro entorno urbano”, afirmó Sanz con énfasis.

La vicealcaldesa también ha subrayado el notable aumento en las intervenciones y la efectividad de las sanciones frente a comportamientos vandálicos. En los primeros diez meses de 2023, antes de la puesta en marcha de SEPROPUR, solo se registraron 17 atestados policiales por grafitis, en comparación con los 117 procesos que se han desarrollado desde su establecimiento.

Los efectivos de SEPROPUR se centran en llevar a cabo planes de actuación fundamentados en diagnósticos y en mapas de riesgo de las zonas más afectadas, generando así una respuesta proactiva en coordinación con las comisarías de distrito. Sus funciones incluyen el análisis de daños, la identificación de autores y la formulación de reclamaciones por los daños ocasionados. Su ámbito de actuación es la totalidad de la ciudad, aunque han determinado ciertas áreas particularmente susceptibles al vandalismo.

Además de sus labores de vigilancia, estos agentes documentan gráficamente los grafitis existentes y colaboran con expertos en grafología para trazar posibles conexiones con sus autores, particularmente en aquellos casos que afectan al patrimonio histórico. Asimismo, tienen el deber de rastrear redes sociales públicas y gestionar todos los atestados, creando una base de datos que agrupa las denuncias sobre estos actos destructivos con respecto al patrimonio.

SEPROPUR también colabora con el Área Delegada de Limpieza y Zonas Verdes, que forma parte de la cartera de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, para asegurar procedimientos efectivos de restauración de los bienes dañados y consultar su archivo de imágenes de grafitis que luego son eliminados. Además, asesoran a los administradores de propiedades en zonas afectadas y fomentan la colaboración con diferentes comisarías.

Esta sección mantiene una alianza activa con la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo con el objetivo de optimizar los procedimientos y hacer las actuaciones más ágiles y eficaces. También colabora con diversas instituciones para elevar la percepción de seguridad ante el vandalismo que afectan al patrimonio.

La creación de SEPROPUR se suma a un esfuerzo mayor del Ayuntamiento de Madrid en la lucha contra el vandalismo, tras la implementación en septiembre de 2022 de patrullas antigrafitis, que forman parte del nuevo Servicio Público de Limpieza Urgente (SELUR). Este servicio, dotado con un presupuesto de seis millones de euros exclusivamente para la eliminación de grafitis y compuesto por 55 efectivos organizados en 12 equipos, se activa ante requerimientos adicionales de la población.

Las patrullas están diseñadas para atender las inquietudes y avisos de los vecinos respecto a las pintadas, además de realizar revisiones periódicas en zonas donde suelen aparecer estos actos vandálicos. También se encargan de la limpieza de grafitis en superficies metálicas, metacrilatos y plásticos.

En el año 2021, los servicios municipales en Madrid llevaron a cabo trabajos de limpieza de grafitis que abarcaron 167.693 metros cuadrados de fachadas. Esta cifra se elevó a 321.862 metros cuadrados en 2022, lo que representa un incremento del 92%. En 2023, en el último año completo, la limpieza de fachadas ha alcanzado la notable cifra de 722.534 metros cuadrados, lo que supone un aumento del 124,5% comparado con el año anterior.

Entre las actuaciones más relevantes de SEPROPUR en su primer año, destaca la investigación de dos grafiteros implicados en el vandalismo de la parte posterior de la plaza de la Villa y en el monumento dedicado a las víctimas de Mauthausen. Asimismo, se han abierto diligencias contra un total de diez grafiteros por realizar pintadas en el Museo de América, un edificio declarado Bien de Interés Cultural.

Además, se ha llevado a cabo un operativo en el parque de la Cuña Verde (en Latina) que resultó en la denuncia de cinco individuos y la confiscación de cerca de 200 botes de spray, así como diversas identificaciones y denuncias de grafiteros activos en la zona de los cuarteles de Campamento, entre otros puntos críticos de la ciudad.

El aumento en la vigilancia y la aplicación de sanciones ha comenzado a ofrecer frutos; algunos infractores recurrentes están abandonando esta actividad. Los responsables de una primera pintada, dependiendo de la superficie afectada, enfrentan sanciones que van de 600 a 3.000 euros, mientras que la reincidencia puede multiplicar el monto de la penalización.

Casos como el de un vecino de Chamberí, quien fue sancionado con un total de hasta 8.000 euros, ilustran las responsabilidades que enfrentan estos infractores. Este individuo asumió su autoría, resultando en una sanción final de 2.500 euros y 40 horas de trabajo en beneficio de la comunidad. Otro vecino de Arganzuela recibió una denuncia por un monto de 15.000 euros, y un grafitero frecuente de la plaza del Dos de Mayo ha acumulado denuncias que superan los 20.000 euros.

Por otro lado, permanecen en espera de juicio aquellos detenidos en el acto de vandalismo sobre edificios y estatuas protegidas, donde las consecuencias pueden incluir penas de hasta cuatro años de prisión, dependiendo del daño ocasionado.

Las sanciones impuestas por la práctica de estos actos destructivos se rigen por el artículo 20 de la Ley 3/2007 de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid, que busca hacer frente a esta problemática de manera eficiente.

Finalmente, en diciembre de 2019, el Gobierno municipal de Madrid intensificó las multas por estas infracciones, aprovechando los márgenes que permiten las normativas. Algunas sanciones han llegado a duplicarse o triplicarse; por ejemplo, la multa por realizar pintadas sobre cierres comerciales pasó de 500 a 1.000 euros, mientras que para mobiliario urbano la sanción aumentó de 300 a 600 euros. En edificios emblemáticos, las multas para grafitis que ocupan menos de un palmo ascienden a 2.000 euros y, para aquellos que superan esta medida, a 3.000 euros.