La Consejería de Sanidad de Madrid ha reiterado la existencia de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales desde 2019, el cual se encuentra en constante actualización y es objeto de información a los sindicatos del sector.

MADRID, 21 de noviembre. Los sindicatos que representan a los profesionales de la Sanidad Pública de Madrid han decidido presentar una demanda de conflicto colectivo sin precedentes contra la Consejería liderada por Fátima Matute. Esta acción se debe a la experiencia de "desprotección" que sufren 15,000 trabajadores de Atención Primaria, derivada de la carencia de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, según denuncian, en clara violación de la legislación vigente desde 1995.

Los sindicatos que forman parte de la Mesa Sectorial de Sanidad, incluyendo a Amyts-SAE-SIETeSS, CC.OO., UGT, CSIT Unión Profesional, Satse y CSIF, junto con la plataforma APSeMueve, que agrupa a médicos y pediatras de Atención Primaria, se han unido en esta demanda que será presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Exigen una indemnización de 5 millones de euros, así como una penalización de 100,000 euros por cada día de incumplimiento de sus derechos fundamentales debido a la falta de este plan.

Los sindicatos y la plataforma han señalado que han logrado más de un centenar de sentencias condenatorias a la administración por esta misma cuestión, reflejando que diversas instancias judiciales han dado la razón a los profesionales desde que comenzaron a presentar acciones legales. Un caso destacado es el del TSJM, que en 2021 concedió una indemnización de 8,000 euros a un médico, concluyendo que la falta de protección en la salud del personal sanitario constituye un "incumplimiento muy grave" que puede violar el derecho a la integridad física.

Utilizando este precedente, si los 15,000 trabajadores de Atención Primaria decidieran interponer demandas individuales, la carga financiera para la administración podría superar los 120 millones de euros. Hasta ahora, los equipos legales de estos colectivos han identificado más de mil reclamaciones en proceso.

Por su parte, la Consejería sostiene que desde 2019 se ha implementado un Plan de Prevención de Riesgos Laborales que incluye 197 medidas. Sin embargo, la planificación específica se vio afectada por la pandemia en 2020, y aseguran que continúan trabajando en una estrategia "concreta y exhaustiva." La administración recalca que este plan se actualiza constantemente cuando es necesario.

En una rueda de prensa celebrada en la sede de Amyts, el abogado de APSeMueve, Vicente Martín, enfatizó que el TSJM ya había condenado a la Consejería en 2021, desestimando su afirmación de que existe un plan desde 2019. Martín subrayó que, de existir dicho plan, no ha sido conocido por los sindicatos, alertando que se trata de documentos y manuales que no cumplen con el nivel de un plan adecuado según lo dictado por el tribunal.

En su intervención, el abogado también advirtió que cualquier empresa privada que incumpliera con sus obligaciones preventivas como lo ha hecho la Comunidad de Madrid estaría cometiendo un delito bajo los artículos 316 y 317 del Código Penal. Criticó la falta de sanciones por parte de la Inspección de Trabajo, sugiriendo que para la administración resulta más fácil incumplir que asumir las responsabilidades requeridas.

La decisión de los sindicatos de interponer esta demanda surge, explican, por la "pasividad" de la administración y su "reiterado incumplimiento" de la normativa, lo que ha llevado a una situación insostenible para los profesionales sanitarios.

Los representantes de los sindicatos han denunciado que la Gerencia de Atención Primaria del Sermas no está adoptando las medidas necesarias para garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable, poniendo así en peligro la salud de los empleados y la atención que reciben los pacientes.

A pesar de estas preocupaciones, los sindicatos mantienen la intención de negociar un verdadero plan de prevención y han reafirmado su "interés y predisposición" para colaborar en su desarrollo. Han hecho especial hincapié en que los trabajadores de Atención Primaria enfrentan diariamente riesgos tanto físicos como psicosociales, sin que la administración valore ni aborde estos peligros a través de un plan adecuado.

Desde la Consejería también han mencionado que, en junio de este año, presentaron un Plan Psicosocial y de Protección Laboral a los sindicatos, el cual fue reiterado en una convención especial del Comité de Seguridad y Salud en octubre. En una reunión anterior, también se invitó a los sindicatos a hacer propuestas para enriquecer dicho Plan, pero no se recibió ninguna aportación.

Entre las medidas implementadas, se ha desarrollado una herramienta informática para que los responsables registren los avances relacionados con las 197 acciones planificadas, además de realizar evaluaciones trimestrales sobre su implementación. Se ha conseguido llevar a cabo evaluaciones de riesgos laborales en el 99% de los puestos y un 58% de los centros, lo que indica una mejora en las acciones preventivas.

La Consejería ha comunicado que las agresiones a profesionales de Atención Primaria se han reducido en un 7% en comparación con el año anterior. Recientemente, se ha lanzado un programa para capacitar a 400 empleados en la gestión de conductas violentas, apoyados por expertos de la policía nacional.

Adicionalmente, se ha realizado una disminución en la carga laboral de estos profesionales, logrando una mejora en el entorno psicosocial debido a la reducción del 40% en las vacantes de medicina de familia desde enero hasta septiembre de este año, atribuida a diversas estrategias implementadas, como incentivos económicos. Asimismo, han establecido agendas de absorción en Medicina, lo que reduce la presión asistencial durante la jornada laboral.

La Consejería también ha destacado la creación desde 2021 de una Consulta Laboral enfocada en factores de riesgo psicosocial, que ha atendido a 2,417 solicitudes el año pasado, así como la formación de 2,800 profesionales en este ámbito. Además, han organizado sesiones educativas sobre acogida, prevención de agresiones, liderazgo y cohesión en el lugar de trabajo.

Finalmente, se han tomado medidas para aumentar la seguridad en los centros sanitarios, incluyendo la instalación de cámaras de vigilancia en 70 centros de salud, y se ha mejorado la seguridad en todos los dispositivos de Atención Primaria, especialmente en los PAC. La administración también ha incrementado la comunicación y participación de los delegados de prevención mediante la creación de canales telemáticos para facilitar el trabajo conjunto en materia de salud y seguridad.