Los colectivos sindicales CC.OO., UGT y CGT, junto con una multitud de estudiantes, se reunieron esta mañana frente a la Asamblea de Madrid para reivindicar la defensa de la educación universitaria pública y denunciar la grave "asfixia económica" que enfrentan las seis universidades públicas de la región: Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Rey Juan Carlos y Carlos III.

Portando pancartas con mensajes contundentes como "Hoy recortes, mañana paro" y "Basta ya de asfixia financiera", los participantes expresaron su rechazo a la gestión del presupuesto otorgado a las universidades. A pesar del reciente acuerdo que incrementa en un 4,2% la financiación respecto al año anterior, lo que se traduce en un aporte adicional de 47,3 millones de euros, los manifestantes consideraron la cifra totalmente insuficiente en comparación con las necesidades reales del sistema educativo.

Paloma López, la secretaria general de CC.OO. Madrid, enfatizó que la situación es "insostenible" debido a la falta de recursos económicos, lo que amenaza con "destruir toda la universidad pública y derivar la educación hacia el sector privado". López argumentó que los 47 millones anunciados no son más que un parche, y que se requieren al menos 220 millones de euros para mantener el estado actual de las universidades.

Las declaraciones de los rectores de las universidades siguen la misma línea, quienes, aunque agradecieron la intención del Gobierno regional de aumentar la financiación, también hicieron hincapié en que la cantidad sigue siendo "insuficiente", resaltando que se necesita una inyección de alrededor de 200 millones de euros para abordar las carencias existentes.

Desde el Sindicato de Estudiantes, se alertó sobre las graves consecuencias de la "infrafinanciación". En su comunicado, expresaron su preocupación por el hecho de que instituciones como la Universidad Complutense de Madrid (UCM) estén considerando aumentar las tasas de matrícula de los másteres, restringir el uso de servicios como la calefacción, e incluso eliminar programas académicos poco demandados.

A la manifestación se unieron representantes de la oposición, incluyendo a Más Madrid y el PSOE, quienes también hicieron eco del descontento generalizado por la situación actual. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, subrayó que la defensa de la universidad pública es fundamental para la democracia, y criticó la propuesta presupuestaria del Gobierno de Ayuso, que, a su juicio, "llevará a la universidad pública a su eliminación".

Bergerot enfatizó la dicotomía existente entre los defensores de lo público y aquellos que buscan desmantelarlo, afirmando que "defender la universidad pública es defender nuestros derechos democráticos". Su compañera Rita Maestre, portavoz en el Ayuntamiento, también manifestó su oposición al "intento sistemático del Partido Popular por asfixiar la universidad pública en Madrid", advirtiendo que esto busca crear una sociedad carente de pensamiento crítico.

Maestre recordó que desde 1996 no se ha inaugurado ninguna universidad pública en Madrid, mientras que ya existen 20 universidades privadas en distintos niveles de desarrollo. Criticó severamente esta tendencia, sugiriendo que hay un plan deliberado para socavar no solo la educación pública, sino el derecho fundamental a la educación.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Jesús Celada, destacó la alarmante falta de financiación en las universidades públicas, indicando que, para restaurar la calidad educativa, sería necesario un aumento de 400 millones de euros. Celada subrayó que la comunidad educativa está dando un grito de alerta, enfatizando que la situación ha pasado de ser crítica a prácticamente catastrófica.

Por otro lado, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, defendió el compromiso de la Comunidad de Madrid con las universidades públicas, señalando que estas son un modelo de referencia a nivel nacional. Anunció que se seguirán implementando medidas de mejora en la financiación, destacando la voluntad del Gobierno regional de colaborar con los rectores en busca de soluciones.

En cuanto al acuerdo de incrementar la financiación en 47,3 millones para el año próximo, el Gobierno regional especificó que 20 millones estarán destinados a la inversión en infraestructuras y mantenimiento, mientras que el resto se utilizará para gastos laborales. Además, anunciaron la intención de comenzar a desarrollar un modelo de financiación estable que vincule recursos a la consecución de ciertos objetivos, el cual será parte de las cuentas regionales para 2025 que se discutirán antes de fin de año.

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, expresó su satisfacción por el acuerdo y se comprometió a fortalecer la colaboración con los rectores, subrayando que este nuevo enfoque demuestra un compromiso claro con la universidad pública. En su opinión, se está dando un paso en la dirección correcta hacia una mayor estabilidad y calidad en la educación superior en Madrid.