En un importante giro judicial, el Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid ha determinado que un guardia civil, asignado a funciones especiales de escolta en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), debe recibir los complementos económicos que le fueron previamente negados. Esta decisión respalda los derechos laborales del agente, apoyado por la Asociación Española de Guardias Civiles y asesorado por el bufete Parrado Asesores Abogados.

De acuerdo con la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, el tribunal falla a favor de las reivindicaciones del guardia civil y exige al Ministerio del Interior que abone los complementos correspondientes a 34 servicios prestados entre 2023 y 2025, y también a los servicios adicionales que se generen en el futuro.

El agente había solicitado previamente la aplicación de dos convenios firmados en 2022 que regulan la vigilancia y seguridad en la FNMT, así como la escolta de transporte de moneda y otros productos sensibles. Sin embargo, la Dirección General de la Guardia Civil, bajo el mando del Ministerio del Interior, desestimó su solicitud, argumentando que las funciones estaban ya cubiertas por su cargo habitual.

El fallo judicial rechaza esta interpretación, sosteniendo que los complementos económicos deben ser otorgados por los servicios efectivamente prestados, sin importar la unidad asignada. "Los complementos que se deben percibir son compatibles, ya que responden a tareas diferentes", aclara el juez en su sentencia.

Los abogados de Parrado Asesores destacan la importancia de este fallo, argumentando que pone de manifiesto la necesidad de cumplir a cabalidad los convenios establecidos por la propia Guardia Civil para asegurar tareas esenciales de seguridad. "Es difícil de entender que se cuestione la aplicación de convenios que garantizan la protección de instalaciones críticas", subrayan los letrados.

Con esta resolución, la Administración está ahora obligada a pagar retroactivamente al guardia civil los complementos correspondientes desde septiembre de 2023, así como los intereses legales y judiciales acumulados. Este fallo no solo beneficia al agente, sino que envía un claro mensaje sobre la importancia de respetar los derechos laborales en el ámbito de la seguridad pública.