En una decisión que ha generado controversia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid ha decidido mantener la suspensión de la ejecutividad del decreto emitido por el Ayuntamiento de Fuenlabrada que paralizaba las obras en La Cantueña. Esta medida, según el juez, es beneficiosa en medio de un contexto de intensificación de presión migratoria y falta de recursos.

El auto, al que tuvo acceso Europa Press, confirma la medida cautelar provisionalísima de suspensión de la ejecutividad del mencionado decreto, el cual fue emitido el 19 de mayo. Dicho decreto ordenaba la paralización inmediata de las obras iniciadas en el Cerro de la Cantueña, mientras se iniciaba un expediente para tomar medidas de suspensión de las mismas.

La argumentación del magistrado destaca la importancia de priorizar los intereses generales de la Comunidad de Madrid sobre los del Ayuntamiento de Fuenlabrada. En este sentido, se considera más relevante la puesta en marcha de un centro de primera acogida para menores extranjeros no acompañados, dadas las circunstancias actuales de presión migratoria y recursos desbordados, que la preservación de la normativa urbanística municipal.

El juez argumenta que la suspensión del decreto de paralización y precintado de las obras no afecta al interés general, ya que el edificio en cuestión se encuentra en un estado de deterioro que impide su uso para cualquier fin desde hace décadas. En cambio, la continuación de las obras se considera beneficiosa para el interés general al proporcionar asistencia vital a menores en situación de desamparo material.

El magistrado destaca que en caso de que la propiedad del espacio revierta al Ayuntamiento de Fuenlabrada, este recibiría un inmueble remodelado y en mejores condiciones de uso. Por lo tanto, considera que el interés del Ayuntamiento en paralizar las obras debe ceder en favor del interés de la Comunidad en continuarlas, dada la urgencia de la construcción y los posibles perjuicios para los menores desamparados.

En resumen, el juez argumenta que la continuidad de las obras es crucial en un momento de intensificación de la presión migratoria y falta de recursos, y que no representa un peligro para el interés general dada la situación actual del edificio en desuso. Esta decisión ha generado debate y ha puesto en relieve la importancia de encontrar un equilibrio entre diversos intereses en conflicto.