En el contexto de los presupuestos para el año 2025, la asignación destinada a las universidades públicas de Madrid ha experimentado un leve incremento del 0,9%. Sin embargo, esta cantidad ha sido calificada como "insuficiente" por las instituciones educativas, argumentando que contribuye a agravar el "déficit estructural" existente en el sistema.

Las seis universidades públicas de la capital española—Complutense, Autónoma, Carlos III, Politécnica, Rey Juan Carlos y Alcalá—han unido sus voces en una carta dirigida a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, manifestando su descontento y alarma ante la financiación del próximo ejercicio. La misiva, cuyos detalles fueron anticipados por 'El País' a principios de semana y cuya autenticidad ha confirmado Europa Press, fue ratificada en consejos extraordinarios celebrados en cada una de las universidades esta mañana.

En el documento, los rectores enfatizaron la "insostenibilidad económica" que afecta directamente a la calidad del servicio público que ofrecen. Se dirigieron al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid de 2025, actualmente en tramitación, alertando sobre la grave situación financiera que se avecina.

Los rectores expresaron su preocupación diciendo que el borrador de presupuestos actual no prevé las transferencias necesarias para mitigar el impacto de la inflación en los suministros. Asimismo, señalaron que no se destina la cantidad requerida para cubrir el aumento salarial estipulado por el Gobierno central, así como para cumplir con las exigencias de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). También señalaron la falta de recursos adecuados para el mantenimiento de los edificios, que es crucial para garantizar unas condiciones de funcionamiento y seguridad adecuadas.

En este contexto, han subrayado la necesidad "imperativa" de enmendar los presupuestos durante su discusión en la Asamblea, pidiendo un aumento significativo de la partida destinada a infraestructuras, actualmente fijada en 7,6 millones de euros. Además, han instado a la creación de un modelo de financiación plurianual que garantice la adaptación de las plantillas a la nueva legislación.

Si no se producen modificaciones drásticas en el proyecto de presupuestos en el futuro inmediato, las universidades públicas recibirán una subvención total de 1.052 millones de euros en 2025, lo que significa un incremento de apenas 9,4 millones respecto a los 1.042 millones asignados el año anterior. Los rectores señalaron que esta asignación enmascara un descenso real en la financiación universitaria, profundizando así el déficit estructural del sistema educativo.

La inversión planeada para las universidades públicas en 2025 representará únicamente un 0,43% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad de Madrid, que es la más alta de España. Este porcentaje se sitúa por debajo de la media nacional del 0,55% y dista considerablemente del objetivo del 1% establecido por la LOSU.

Más allá de la perspectiva general de financiación, los rectores también han señalado la necesidad de revisar la partida específica destinada a transferencias corrientes para obras y reformas. Actualmente, esta cifra se sitúa en 7,67 millones de euros para ser compartida entre las seis universidades, una cantidad que, según han denunciado, permanece congelada desde 2014. Esta suma resulta claramente insuficiente para cubrir las necesidades de los 30.000 profesores e investigadores, así como del personal administrativo y los alrededor de 220.000 estudiantes que utilizan diariamente las instalaciones.

Los rectores han denunciado que han padecido infrafinanciación durante más de 15 años, lo que ha conducido a una situación económica crítica que podría tornarse catastrófica en plazos breves. Situaciones como la precariedad laboral, la imposibilidad de reemplazar jubilaciones, restricciones en promociones, y la paralización de proyectos formativos e investigativos, así como la dificultad para atraer y retener talento, son solo algunos de los problemas alarmantes que se enfrentan. Además, las infraestructuras obsoletas representan un creciente riesgo para todos los usuarios y trabajadores de las instituciones.

La Comunidad de Madrid se destaca como la que menos ha invertido en universidades públicas presenciales durante el curso 2021-2022, con un total de 4.779 euros por estudiante, según un informe publicado por la Fundación CYD a principios de este año. Esta cantidad está muy alejada de los 9.397 euros por alumno de La Rioja y los 6.118 de la media española. Al mismo tiempo, la Comunidad de Madrid se encuentra en la segunda posición en cuanto al costo de la primera matrícula, solo superada por Navarra.

Frente a este panorama, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, afirmó a principios de noviembre que su departamento tiene la intención de implementar un plan integral para las universidades que abarque aspectos cruciales como las infraestructuras, independientemente de la evolución de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC). "Queremos ofrecerles las herramientas necesarias y ponernos a su disposición para diseñar una financiación adecuada", enfatizó.

Los rectores, que ya advertían de la "alarmante situación económica y la infrafinanciación acumulada" desde hace tiempo, han hecho eco de esta preocupación en la carta. Este mismo mensaje fue expresado por el rector de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y líder de la Conferencia de Rectores de Universidades Públicas Madrileñas (CRUMA), Ángel Arias, en su discurso de inicio de curso. "La sostenibilidad económica de la universidad es esencial para garantizar la autonomía que establece la Constitución", sostuvo.

En un nuevo episodio de la tensión entre el Gobierno regional y las universidades, hace apenas tres días, el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, envió una carta a la presidenta Ayuso en la que criticó fuertemente sus declaraciones "injustas y falsas" sobre la universidad que dirige. Goyache manifestó su "más firme desacuerdo" con las afirmaciones de Ayuso, en las que insinuó que la UCM "otorga títulos como churros" y que está "colonizada por partidos de izquierda".

Finalmente, el presupuesto asignado a las universidades supone el 17% del total que se destina a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, que alcanzará los 6.657,6 millones de euros, representando casi el 25% del total de los presupuestos de la Comunidad de Madrid, que se elevan a 28.662,6 millones de euros.