La controversial propuesta presentada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid contempla la implementación de un régimen sancionador para aquellas universidades que no logren controlar los escraches y acampadas que interrumpan la normalidad académica.

MADRID, 22 Jul.

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha salido en defensa de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la región ante las críticas de los rectores madrileños. Viciana ha calificado las críticas como precipitadas y ha expresado su confianza en que la normativa será muy beneficiosa.

En un evento realizado en la sede del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados IMDEA Software, Viciana ha señalado un comunicado de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA) en el que se mencionaban preocupaciones sobre aspectos del borrador, como la creación de un distrito único de prácticas y la posible afectación a la autonomía universitaria.

Viciana ha instado a los rectores a no apresurarse en sus evaluaciones, ya que aún no existe un borrador definitivo de ley, sino que se encuentra en proceso de elaboración. El consejero ha destacado que se está trabajando intensamente para finalizar el documento lo antes posible.

El consejero ha asegurado que la futura ley será muy positiva y dará respuesta a las necesidades presentes y futuras en el ámbito educativo. Además, ha mencionado que se están manteniendo conversaciones periódicas con los rectores de las universidades públicas y privadas, así como con sus consejos sociales, con el objetivo de establecer un diálogo que permita desarrollar el proyecto de ley.

Una de las medidas más polémicas de la nueva ley será la introducción de un régimen sancionador que podría incluir multas económicas para las instituciones que no logren controlar los escraches y acampadas que perturben la actividad académica.

Según Viciana, se espera entregar un borrador de la ley a los principales actores implicados, como los rectores de las universidades y los consejos sociales, durante el mes de julio. Posteriormente, en septiembre, se iniciará el proceso de consulta pública y se presentará un texto definitivo para su tramitación parlamentaria en la Asamblea de Madrid.

Esta nueva ley busca contrarrestar los efectos de la Ley Orgánica 2/2023, del Sistema Universitario (LOSU), que el Gobierno regional considera perjudicial para la calidad educativa. La normativa contempla la unificación de todas las enseñanzas superiores, así como un nuevo sistema de financiación para las universidades públicas basado en un plan plurianual revisable cada cinco años.

Además, la ley regulará las universidades públicas y las escuelas de negocio, con el objetivo de garantizar la calidad educativa. También se establecerá un distrito único de prácticas para promover la igualdad de oportunidades entre los alumnos al acceder a plazas en distintas ramas de enseñanzas superiores, incluyendo la sanitaria.