“El 1 de enero se avecina como un plazo crítico que pone en riesgo a muchos ciudadanos”, advierte Ortega Smith

Javier Ortega Smith, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, ha comparecido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) con la intención de solicitar la ejecución provisional de un fallo judicial que, en una decisión reciente, había anulado las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Esta solicitud responde a la necesidad de evitar “multas diarias que oscilan entre 300 y 600 euros”, frente a lo que califica como una estrategia "dilatoria" del alcalde José Luis Martínez-Almeida, quien busca “prolongar esta situación durante años hasta que se pronuncie el Supremo”.

Con el apoyo de su grupo municipal, Ortega Smith ha elogiado el fallo del 17 de septiembre, que resultó de un recurso presentado por Vox debido a lo que consideraron una “insuficiencia” en el informe de impacto económico relacionado con la ordenanza de Movilidad Sostenible. Sin embargo, lamenta que el alcalde “se resista” a cumplir con la decisión de los tribunales.

Según Ortega Smith, el recurso interpuesto por el Gobierno municipal ante el Supremo es completamente “dilatorio”, y enfatiza que el alcalde “es consciente de que su apelación no tiene fundamento”. Resalta que la sentencia del TSJM está firmemente apoyada en la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo, indicando que “este recurso no tiene razón de ser”.

El líder de Vox se muestra crítico con la administración de Almeida, insistiendo en que se encuentra en una “terrible maquinaria de recaudación” que avanza a expensas de la libertad de los ciudadanos, prohibiendo la circulación y, a su vez, perjudicando especialmente a los más vulnerables. Advierte que esta situación afecta a “uno de cada tres vehículos en España”, lo que se traduce en que “12 millones de vehículos que no portan etiqueta ambiental, un 32% del parque automovilístico, no podrán ingresar a la capital a partir del 1 de enero”.

“El 1 de enero se convierte en un plazo crítico, que amenaza a una gran parte de la población”, enfatiza Ortega Smith. “Si no se detiene esta situación, muchas personas pueden enfrentarse a multas diarias de entre 300 y 600 euros, lo cual es simplemente inviable. Nadie puede permitirse un gasto así solo por ir a trabajar o visitar a un médico”, añade, subrayando la urgencia del asunto.

“UNA ORDENANZA QUE IGNORA A LOS VULNERABLES”

Ortega Smith ha reiterado que el fallo del TSJM señalaba claramente que la ordenanza que aprobó el equipo de Almeida, en colaboración con el antiguo Grupo Mixto, fue establecida “sin tener en cuenta los graves efectos económicos que tendría para millones de madrileños y españoles”.

Explica que se trata de una “ordenanza desproporcionada”, que carece de alternativas y que no contempla una transición justa para quienes no tienen los recursos necesarios para cambiar de vehículo a lo largo del tiempo. “Esto afecta de manera crítica a aquellos que están en situación de vulnerabilidad, como los autónomos y las personas de bajos recursos, a quienes se les está negando no solo su libertad, sino también la posibilidad de ganarse la vida”, argumenta.

El portavoz de Vox ha enfatizado que su partido no va a permitir esta “situación intolerable” y ha advertido que harán lo que esté en sus manos, incluso si deben “ir solos hasta el final”, porque “el daño es inmenso e irreparable. Muchas empresas podrán verse obligadas a cerrar y muchas personas no podrán continuar con su vida habitual, incluso se verán forzadas a cambiar su residencia o su lugar de trabajo”.

“HASTA 400.000 MADRILEÑOS SE VERÁN AFECTADOS”

La decisión de Vox incluye presentar ante el TSJM una demanda de ejecución provisional de sentencia, buscando que se obligue al alcalde de Madrid a cumplirla, especialmente en beneficio de “transportistas, autónomos y miles de madrileños”. Ortega Smith destaca que “400.000 empadronados en Madrid no podrán circular con sus vehículos, además de otros 438.000 que residen en las áreas cercanas a la capital y que se desplazan a trabajar todos los días, quienes también podrían verse afectados desde el 1 de enero”.

La demanda presentada se sostiene “por motivos de justicia, sentido común y responsabilidad”, atacando al alcalde por “continuar restringiendo libertades bajo un pretexto que ha sido desmentido por informes periciales que concluyen que la calidad del aire en Madrid es buena y no se justifican ni las multas ni las restricciones”.

Si logra el respaldo del TSJM, Vox tendría la capacidad de “paralizar todas las restricciones y multas asociadas a esta ordenanza que limita la movilidad y se centra en la recaudación”, aunque aún no está claro cuánto tiempo tomará para que el Tribunal Superior se pronuncie sobre la solicitud.

“NO PUDIERON ACTUAR ANTES”

Ortega Smith ha explicado que el tiempo de respuesta que tiene el Tribunal dependerá de su capacidad de trabajo y de otros asuntos pendientes que deben resolver. “Existen otras ejecuciones provisionales que están en cola, y todo dependerá del volumen de trabajo actual. Esperamos que el tiempo de espera sea breve, especialmente debido a la urgencia que representa el 1 de enero”, ha urgido.

En respuesta a las inquietudes de la ciudadanía, Vox aconseja a las personas que “crucen los dedos y confíen en que el tribunal detenga esta locura antes de que se vean obligados a deshacerse de sus vehículos. Si no se detiene antes del 1 de enero, muchas personas estarán expuestas a recibir multas diarias entre 300 y 600 euros”, ha resaltado Ortega Smith.

Además, ha aclarado que la razón por la que no pudieron presentar la demanda antes fue que el alcalde ha utilizado tácticas poco transparentes para dilatar tiempos, esperando hasta el último momento para presentar su recurso de casación. “Una vez que se tuvo constancia de la apelación, organizamos rápidamente la demanda de ejecución, que ha sido presentada ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia”, concluyó.